La semana que viene el oficialismo llevará la nueva Ley Ómnibus al plenario, pero todavía quedan puntos clave sin acuerdo.
La Casa Rosada quiere que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos antes del Pacto de Mayo. «Ese es el objetivo», repiten tanto en el Palacio Legislativo como en Balcarce 50. Sin embargo, para que no suceda lo mismo que el 6 de febrero, cuando la Cámara de Diputados rechazó los artículos principales de la ley, tienen mucho que negociar todavía.
Hay distintos puntos que a los diputados dialoguistas les cuesta mucho aceptar, y todavía sigue latente la posibilidad de que ocurra lo mismo. Esto es, que se apruebe en general, pero que en la votación de cada artículo en particular se hagan cambios o modificaciones que rompan con el espíritu de la normativa con la que Milei quiere refundar la Argentina.
Algunos de estos puntos son la privatización del Banco Nación, el artículo 70 del borrador que habilita al Gobierno a intervenir y eliminar distintos organismos, y las derogaciones de la ley de moratoria previsional y de la declaración de los hidrocarburos como una producción estratégica para el país.
La Libertad Avanza, a pesar del apoyo irrestricto que tiene del PRO, es minoría en Diputados y una vez más va a tener que negociar con Gobiernos provinciales y diputados dialoguistas que quieren apoyar al Gobierno, pero no a cualquier costo.
A esto se suma la fragmentación interna que tienen estos espacios. En la Cámara baja, el bloque UCR está cada vez más dividido entre acuerdistas, bajo la conducción de Rodrigo De Loredo, y los más opositores con Facundo Manes y Martín Lousteau a la cabeza. Ambos grupos suman una quincena de dirigentes radicales. Es difícil fijar un número porque las voluntades pueden ir cambiando según el tema y los intereses provinciales.
En Hacemos Coalición Federal el escenario también está dividido y los intereses de los 22 que integran la bancada son distintos. Sin embargo, casi ninguno está dispuesto a aprobar la privatización del Banco Nación. «En cualquier pueblo de las provincias el edificio más lindo es el del banco, y no lo podés vender así porque sí, porque en muchos lugares funciona muy bien», analizó ante la consulta de MDZ un diputado de Córdoba, que quiere darle las herramientas al Gobierno pero no quiere «aprobar cualquier cosa».
El artículo 70 del borrador es otro que hace mucho ruido y si el Gobierno no lo modifica no va a tener los votos para aprobarlo. Se trata de un punto clave para la Casa Rosada porque es el que le permite al Gobierno derogar o modificar cualquier tipo de normas que «a) generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente; b) impliquen la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia; o c) se vinculen con la negociación de instrumentos de oferta pública a los fines de fomentar el uso de los mismos».
Esto es leído por una buena parte de la oposición dialoguista como «la entrega de facultades para poder intervenir en cualquier ámbito». El mensaje que esboza el sector más crítico de la UCR lo puso en palabras Lousteau: «Por su odio y bronca personal contra el Estado, Javier Milei es capaz de abandonar a los jubilados, a las familias, a los docentes, a los estudiantes, básicamente a todos los argentinos. Las tarifas se multiplican; las prepagas se van por las nubes. ¿A él, que dice presidir ‘una organización criminal’, hay que votarle los poderes y las facultades delegadas?».
En este escenario, distintos diputados que se reunieron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, desestimaron que el Gobierno esté dispuesto a modificar estos puntos. «No hay mesa de negociación, ellos siguen con voten esto o somos traidores», señaló un diputado que se reunió en los últimos días con los funcionarios del Gobierno.
La derogación de la última moratoria previsional y del artículo 1 de la ley 26.741, que estatiza YPF, complica a varios gobernadores. El primero de estos puntos permitió que en todo el país se pudiera jubilar casi medio millón de personas que llegaron a la edad jubilatoria sin todos los aportes realizaron. Esto es dinero que indirectamente el Gobierno nacional le da las provincias, ya que el beneficio llegó a todos los puntos del país. La decisión de cortar con esto impacta de lleno en el mercado interno de varios distritos y en el desencanto generalizado.
El artículo 1 de la ley YPF dice: «Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones».
Es cierto que la nueva ley ómnibus no privatiza YPF, aunque en la primera versión lo hayan intentado. Sin embargo, la lectura de la derogación de este artículo que hacen los gobernadores patagónicos es poco favorable para la compañía energética de bandera. «Sin la declaración de interés público ni de objetivo prioritario tienen luz verde para desguazar la compañía y entregarle los pozos a empresas privadas», explicó un diputado que analiza de cerca estos temas.
Sin embargo, a pesar de estos puntos que generan rispideces en las conversaciones entre el Gobierno y la oposición, el clima en la Cámara de Diputados es mucho más favorable a la aprobación de la Ley Bases.
La oposición valora que el Gobierno haya ajustado las emergencia de once a cuatro, que sean sólo por un año, que la bicameral de Privatizaciones analice la venta de las compañías, que haya empresas que se privaticen de forma total y otras que el Estado retenga la «acción de oro». Hay una idea de que «el Gobierno aprendió que no puede llevarse todo puesto».
Es por esto, que a esta altura, en la oposición hay un mejor clima para aprobar esta ley en general. Las diferencias que quedan serán discutidas la semana que viene en el plenario de comisiones, que tendrá un tratamiento exprés sin la visita de los funcionarios que ya estuvieron a principio de año.
En paralelo, el kirchnerismo y el Frente de Izquierda espera una ruptura del gobierno con los gobernadores y los diputados dialoguistas para tratar el DNU 70, que está a un paso de ser rechazado en la Cámara baja y perder la validez.
Fuente: Mdz Online