Legisladores de la oposición apuran el quórum para sesionar el miércoles próximo las modificaciones de la normativa.
En medio de la disparada del dólar blue, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio apuran el quórum con los bloques provinciales disidentes al kirchnerismo para sesionar el miércoles 23 de agosto las reformas de la cuestionada Ley de Alquileres.
En ese sentido, los legisladores amarillos mantuvieron reuniones con el bloque de Córdoba Federal y Juntos por Río Negro para analizar las posibilidades de reunir el cadal de voluntades suficiente de 129 presentes y debatir las modificaciones de la normativa.
Es que, con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto, Juntos por el Cambio suma 116 presentes. Sin embargo, con el interbloque Federal que posee 8 bancas, el interbloque Provincias Unidas que posee 4 y José Luis Espert, quien en los trámites formales no se sumó al interbloque amarillo, se alcanzaría el quórum.
Cabe destacar que, la estrategia de la bancada para asegurar el quórum se da luego de que fracasara, el pasado 5 de julio, la presentación de una votación sobre tablas en la Cámara Baja para tratar la derogación de la Ley. El pedido fue planteado por el diputado del Pro, Hernán Lombardi, el cual para ser aceptado requería de las tres cuartas partes, pero fue rechazado con 102 votos afirmativos, 113 negativos y 9 abstenciones.
«Los inquilinos están sufrientes porque no hay oferta. Es una ley que no funcionó, que contó con anuencia de nuestro bloque pero es una catástrofe. Pasaron tres años, los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados», remarcó el referente del Pro al impulsar la votación para tratar el proyecto de ley de su autoría.
Por su parte, el ex Frente de Todos, aún no definió si darán quórum a la sesión especial impulsada por Juntos por el Cambio, aunque precisaron que sí está tomada la decisión de defender su proyecto de ley para modificar la Ley de Alquileres.
Vale recordar que ambas coaliciones presentaron en la Cámara Baja sus propuestas para modificar la actual Ley de Alquileres. No obstante, ambas normativas tienen marcadas diferencias en cuanto a quiénes podrían llegar a salir beneficiados.
Mientras el proyecto del Frente de Todos mantiene los tres años de alquiler, introduce la bancarización del pago, crea un instrumento de garantía público y propone que las inmobiliarias registren los contratos en AFIP, el de Juntos por el Cambio pide volver al contrato por dos años, actualizar los precios cada tres meses y que ese valor lo determine el mercado inmobiliario, entre otras cosas.
En resumen, el proyecto de la oposición prevé un acuerdo de partes bianual, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el INDEC o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año, el mencionado punto en cuestión.
Asimismo, preveen beneficios para los monotributistas y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones.
Sobre el proyecto del Frente de Todos, que propone mantener los puntos más importantes de la Ley de Alquileres, la vicepresidenta del bloque del ex Frente de Todos en Diputados, Cecilia Moreau dijo que «la principal diferencia entre las dos posturas pasa por el rol del Estado en la cuestión de la vivienda y en esto hay que hacerse una pregunta central, si el techo tiene que ser un negocio para algunos o un derecho para todos».
A lo largo del tratamiento el ex Frente de Todos defendió la Ley de Alquileres sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el INDEC y la variación salarial publicado por el RIPTE del Ministerio de Trabajo.
Además, el oficialismo impulsa en las modificaciones que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
Otro punto clave de las modificaciones de la Ley de Alquileres del Frente de Todos pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones y el sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.