El Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la modificación de la ordenanza destinada a combatir los ruidos molestos ocasionados por sistemas de escape intervenidos en vehículos. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza actualiza el marco regulatorio vigente para brindar al Municipio herramientas de intervención más estrictas frente a una problemática recurrente en la convivencia urbana y la seguridad vial. La nueva escala contravencional prevé multas de entre 2.500 y 5.000 unidades fijas, montos que equivalen a sumas de entre 5 y 11 millones de pesos según la gravedad del hecho.

El tratamiento de la propuesta en la sesión ordinaria permitió repasar las principales novedades técnicas y procedimentales de la normativa. El concejal Eduardo Caballero defendió el dictamen de su bloque al calificarlo como superador al esquema normativo de 2018 y detalló que los agentes municipales ahora estarán facultados para secuestrar rodados en infracción aun cuando se encuentren estacionados en la vía pública, evitando así persecuciones riesgosas. Asimismo, el proyecto amplía las definiciones sobre dispositivos reductores o expansivos destinados a elevar la emisión sonora, como los denominados "tiracortes", y fija un agravamiento específico de los valores punitivos para las contravenciones registradas entre las 22 y las 8.

Durante el debate legislativo, Rodrigo Tabárez aportó estadísticas oficiales sobre los operativos realizados en la jurisdicción. Detalló que en el transcurso de 2026 se retuvieron más de 90 motos, cifra que se suma a las 150 secuestradas durante 2025 y a las 170 del ejercicio 2024, junto con la compactación gradual de aproximadamente 400 caños de escape irregulares.

En tanto, las distintas fuerzas representadas fijaron posición respecto de la aplicación práctica de la norma: desde Fuerza Patria-Movimiento Derecho al Futuro acompañaron la votación, aunque advirtieron que el tope millonario de la sanción podría exceder el valor venal de los rodados y colapsar los depósitos locales; mientras que desde el PRO y la ACT remarcaron la necesidad de ejercer controles efectivos en las calles para resguardar la tranquilidad nocturna, la seguridad vial y el bienestar de las personas con condición del espectro autista.