El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció este lunes que la Provincia se presentará el próximo 26 de octubre en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional y AySA para impugnar los aumentos tarifarios y cuestionar las decisiones vinculadas a la privatización de la empresa.

 Además, adelantó que impulsará reclamos administrativos y judiciales para exigir la continuidad de las obras de expansión y mantenimiento de las redes de agua y cloacas.

Las definiciones fueron planteadas durante la conferencia de prensa de los lunes del Gobierno bonaerense, encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Katopodis cuestionó la política tarifaria aplicada por la administración nacional y advirtió que la concesión privada no garantiza las inversiones necesarias para ampliar la cobertura del servicio.

La Provincia contra el tarifazo de AySA

Desde el gobierno de Axel Kicillof sostienen que las tarifas de agua y saneamiento acumularon aumentos superiores al 500%, frente a una inflación del 300%. También ponen el foco en el carácter monopólico del servicio, que impide a los usuarios elegir otro prestador.

“Nadie puede elegir cuál es el mejor prestador de agua en el área metropolitana, quien está obligado a tener que tratar con la única empresa disponible”, afirmó Gabriel Katopodis.

 En ese marco, confirmó que la Provincia participará de la audiencia pública prevista para el 26 de octubre. “Vamos a impugnar el tarifazo, vamos a reclamar por el plan de obras de expansión por los compromisos que se tienen que cumplir”, señaló.

Katopodis agregó que el Gobierno bonaerense continuará con las presentaciones administrativas y judiciales para exigir que se regularice la situación de la empresa y se cumplan las obligaciones vinculadas con el servicio.

El rechazo a la privatización y la falta de obras

Otro de los ejes de su planteo fue la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de AySA. El ministro cuestionó que el proceso se impulse luego de que la compañía equilibrara sus cuentas y alcanzara un superávit operativo.

“Una vez que logramos el superávit y garantizar estas cuentas públicas de la empresa equilibrada, se decide rematar y regalar, literalmente regalar esta empresa”, sostuvo.

Para Katopodis, el cambio de gestión también pone en discusión el destino de los recursos generados por la compañía. Según advirtió, las ganancias que antes se destinaban al funcionamiento de la empresa pasarán a constituir un beneficio para el sector privado, sin garantías suficientes de inversión en infraestructura.

“No está garantizado que en los próximos años se entierre un solo metro de caño de agua o de cloaca”, alertó.

La Provincia reclama que se mantengan las obras de expansión, mantenimiento y saneamiento, y que se respeten los compromisos asumidos para mejorar la cobertura del servicio en el área de concesión.

La advertencia por la cobertura de agua y cloacas

El ministro de Infraestructura también vinculó la discusión sobre las tarifas y la privatización con las consecuencias sanitarias de la falta de infraestructura. Según los datos que expuso, más de 3 millones de personas de la región bonaerense no tienen acceso al agua potable y alrededor de 5 millones carecen de cloacas.

En ese contexto, advirtió que la falta de inversiones para extender las redes puede profundizar las desigualdades en el acceso a servicios esenciales.

“Los estamos definitivamente condenando a tener en las próximas décadas una situación sanitaria muy, pero muy grave y absolutamente discriminatoria”, afirmó.