Sergio Fernández, integrante de la comitiva presidencial que acompañó al mandatario a Francia, firmó la resolución que dejó en suspenso la sanción diaria de $100.000 contra Diego Santilli por el incumplimiento de una cautelar. La decisión se conoció el mismo día de la Marcha Federal Universitaria.

La multa de $100.000 diarios que la Justicia había dispuesto contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario duró menos de 24 horas. Este jueves, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente su aplicación. Entre los jueces que firmaron la resolución se encuentra Sergio Fernández, el camarista que integró la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a París a fines de septiembre.

El dato suma un elemento político a una decisión judicial que se conoció en coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución fue firmada por Fernández junto con los jueces subrogantes José Luis López Castiñeira y Jorge Morán. El tribunal hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó que el recurso del Estado contra la sanción se tramite con efecto suspensivo, lo que deja en pausa la multa mientras continúa la discusión judicial.

La medida original había sido dictada el miércoles por el juez Martín Cormick, quien consideró verificado el incumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.

El camarista que integró la comitiva presidencial

La presencia de Fernández en la resolución adquiere relevancia política por su participación en el viaje oficial a Francia. El magistrado fue uno de los tres jueces incorporados a la delegación presidencial por iniciativa del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para acompañar a Milei en las actividades de la Argentina Week en París.

Fernández integra la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el fuero que interviene en causas vinculadas con decisiones del Poder Ejecutivo y que tiene un papel central en la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Su participación en el fallo que suspendió las multas no implica, por sí misma, que exista una relación entre el viaje y la decisión judicial. Sin embargo, la coincidencia vuelve a poner el foco sobre los vínculos institucionales entre el Gobierno y sectores del Poder Judicial, así como sobre los criterios con los que se resuelven los conflictos entre el Estado y las universidades públicas.

Qué resolvió la Cámara y qué sigue vigente

En su presentación, el Gobierno sostuvo que la cautelar ya había sido cumplida y cuestionó la decisión de Cormick de hacer efectiva la sanción económica contra Santilli. El juez de primera instancia había rechazado conceder la apelación con efecto suspensivo, por lo que el Ministerio de Capital Humano recurrió directamente a la Cámara.

Los camaristas consideraron que impedir esa vía podía generar un perjuicio irreparable para el Estado. Aclararon, no obstante, que la decisión procesal no implicaba anticipar una conclusión sobre el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.

La suspensión de las multas tampoco supone que la Cámara haya declarado inválida la Ley de Financiamiento Universitario ni que haya resuelto el fondo de la controversia. La obligación judicial de actualizar los salarios universitarios y garantizar los recursos para las becas continúa vigente.

El conflicto se originó en la decisión del Poder Ejecutivo de condicionar la aplicación de la ley a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento. Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó implementar la norma. Ante la falta de cumplimiento que consideró acreditada, dispuso la sanción diaria contra el jefe de Gabinete.

Ahora, mientras la apelación sigue su curso, la multa queda temporalmente suspendida. La discusión de fondo, en cambio, continúa abierta, en un contexto de movilización universitaria y de cuestionamientos al Gobierno por el financiamiento de la educación pública.