La Libertad Avanza consiguió avanzar en la Cámara de Diputados con un dictamen que propone restablecer la Ley de Tierras, derogada por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La decisión se tomó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo incorporó dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa busca recuperar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que establecía la Ley 26.737, sancionada en 2011. La medida se conoció a menos de 24 horas de una sesión convocada por la oposición para intentar rechazar el DNU 70/2023 en su totalidad.

El movimiento legislativo también apunta a reducir las diferencias con los bloques aliados, en un contexto en el que el oficialismo busca sostener el decreto y evitar que prospere la ofensiva parlamentaria opositora.

El dictamen fue impulsado con la incorporación de dos artículos propuestos por el diputado radical Diógenes González. Uno establece dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la normativa anterior, mientras que el otro dispone restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras.

Sin embargo, el dictamen no implica que la norma ya esté restablecida. Para que eso ocurra, el proyecto deberá completar el trámite legislativo correspondiente y recibir la aprobación de ambas cámaras.

Qué establece la Ley de Tierras

La Ley 26.737, aprobada en diciembre de 2011, estableció límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Entre sus principales disposiciones, fija un máximo del 15% de las tierras rurales del país que pueden estar en manos extranjeras, con límites equivalentes a escala provincial y municipal. Además, establece que las personas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje destinado a titulares extranjeros.

La norma también contempla restricciones vinculadas con determinadas zonas estratégicas y con la concentración de tierras rurales en manos de capitales extranjeros.

En diciembre de 2023, el Gobierno de Milei derogó la ley mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, en el marco de su programa de desregulación económica. Desde entonces, la discusión sobre el alcance de las restricciones a la compra de tierras rurales quedó atravesada por disputas políticas y judiciales.

Con la nueva iniciativa, el oficialismo propone volver al esquema de límites establecido en 2011, aunque lo hace dentro de un proyecto más amplio que también contempla cambios en las reglas de protección de la propiedad privada.

El proyecto de propiedad privada y el debate legislativo

La restitución de la Ley de Tierras fue incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que ya había obtenido media sanción en el Senado y que incluye modificaciones sobre desalojos, expropiaciones y procedimientos vinculados con la protección de los bienes privados.

La estrategia del oficialismo consiste en avanzar con ese proyecto y sumar el capítulo referido a las tierras rurales, en lugar de esperar una definición separada sobre la derogación dispuesta por decreto.

Si la Cámara de Diputados aprueba el texto con las modificaciones incorporadas, deberá regresar al Senado para que la Cámara alta analice los cambios, dado que fue la cámara de origen de la iniciativa.

Según el cronograma legislativo informado, el oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto el miércoles 21 de octubre.

La oposición cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza

La incorporación de la Ley de Tierras al proyecto de propiedad privada generó críticas de sectores opositores, que vincularon la decisión con la sesión convocada para el jueves 15 de octubre, en la que buscarán rechazar el DNU 70/2023.

Desde la oposición cuestionaron que el oficialismo haya retomado una iniciativa que llevaba meses sin avanzar y consideraron que la restitución de la ley busca reducir las posibilidades de reunir el quórum necesario para debatir el decreto.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la maniobra como un intento de evitar la sesión opositora. Por su parte, Paula Penacca, de Unión por la Patria, cuestionó que el oficialismo impulse ahora la restitución de una norma que el propio Gobierno había derogado por decreto.

Las críticas reflejan la disputa política alrededor del DNU y de las modificaciones que el Poder Ejecutivo busca introducir en distintas áreas de la legislación.

Qué puede pasar con la norma

El avance en comisiones abre una nueva etapa en la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales en la Argentina, pero todavía quedan instancias legislativas por cumplir.

Si el proyecto es aprobado por Diputados, deberá volver al Senado para su tratamiento. Hasta entonces, la restitución de la Ley 26.737 seguirá siendo una propuesta legislativa y no una norma nuevamente vigente por efecto de este dictamen.

En paralelo, la oposición intentará avanzar con el rechazo al DNU 70/2023 en la sesión prevista para este jueves. El resultado de esa convocatoria será otro factor relevante para determinar cómo continúa la disputa parlamentaria.

Así, la Ley de Tierras vuelve al centro del debate nacional, entre las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, la política de desregulación del Gobierno y las negociaciones entre oficialismo y oposición en el Congreso.