La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick resolvió imponer una multa diaria de $100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la orden judicial que establece la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de garantizar los recursos destinados a las becas estudiantiles.

La sanción fue dispuesta luego de que vencieran los plazos otorgados al Gobierno para cumplir con la medida sin que se acreditara su cumplimiento integral. El magistrado advirtió, además, que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si persiste la situación.

Por qué la Justicia sancionó al Gobierno

La resolución respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las universidades públicas y había solicitado la aplicación de sanciones económicas ante la falta de cumplimiento de la cautelar.

El juez Cormick había intimado al Estado nacional a cumplir con la medida en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer multas por cada jornada de demora. Tras una nueva intimación y el vencimiento de los plazos, el magistrado decidió hacer efectiva la advertencia.

La sanción se instrumentó mediante las denominadas astreintes, una herramienta judicial que establece multas económicas para presionar al cumplimiento de una obligación. En este caso, el monto inicial quedó fijado en $100.000 por día para el funcionario a cargo de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli.

Según los fundamentos de la resolución, la medida apunta a garantizar el cumplimiento efectivo de una orden judicial que continúa vigente, independientemente de la discusión de fondo sobre la aplicación de la ley.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos de recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes, además de la actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles.

En particular, la norma establece una recomposición de los salarios para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. De acuerdo con el cálculo citado en el expediente judicial, esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

También contempla actualizaciones mensuales posteriores de acuerdo con la evolución del IPC y la recomposición de las becas estudiantiles.

El conflicto se profundizó después de que el Poder Ejecutivo condicionara la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025. Cormick declaró inconstitucional esa disposición, aunque el Gobierno apeló el fallo y el expediente principal continúa bajo revisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sin embargo, la apelación no dejó sin efecto la medida cautelar que ordena cumplir con las obligaciones salariales y los fondos para becas. Esa cautelar había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado nacional el 25 de junio de 2026.

La multa se conoce antes de una nueva marcha universitaria

La decisión judicial se conoció en la víspera de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en defensa de la educación pública y en reclamo del cumplimiento de la ley.

La movilización se inscribe en un conflicto que incluye reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la actualización del presupuesto universitario y la situación de las becas.

Desde el sector universitario sostienen que la aplicación de la norma resulta necesaria para atender las necesidades del sistema público de educación superior. El reclamo del CIN ante la Justicia constituye una de las vías institucionales utilizadas para exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La sanción económica representa un nuevo avance en el expediente, aunque no resuelve por sí misma la controversia general entre las universidades y el Gobierno nacional.

Qué puede pasar ahora

El juez dejó abierta la posibilidad de aumentar la multa diaria o extenderla a otros funcionarios si continúa el incumplimiento. Por eso, la resolución establece un mecanismo de presión económica que podría intensificarse si el Poder Ejecutivo no acredita que cumplió con las obligaciones ordenadas.

Mientras tanto, la discusión sobre la constitucionalidad del decreto y la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario seguirá su curso en los tribunales.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición de los ingresos de sus trabajadores y el alcance de las decisiones judiciales frente a las obligaciones del Estado nacional.