La discusión por la reforma electoral volvió a ocupar un lugar central en la agenda política nacional. Mientras la Justicia Electoral advierte sobre la necesidad de contar con reglas y plazos claros para organizar los próximos comicios, en Unión por la Patria interpretan que el Gobierno de Javier Milei estaría cada vez más cerca de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Por el momento, no existe una confirmación oficial de que el Poder Ejecutivo haya tomado una decisión definitiva. Sin embargo, el escenario político comenzó a acelerarse y distintos sectores ya analizan las posibles consecuencias de modificar nuevamente el sistema electoral.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los tiempos necesarios para organizar una elección.
La Justicia Electoral necesita conocer con anticipación cuáles serán las reglas que regirán los comicios para poder planificar aspectos vinculados con el cronograma electoral, la confección de padrones, la oficialización de candidaturas y la logística necesaria para llevar adelante la jornada de votación.
La advertencia adquiere relevancia porque cualquier modificación de la legislación electoral requiere una definición previa para evitar que los organismos encargados de organizar las elecciones deban resolver cambios sobre el límite de los plazos.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Junta Electoral ya había advertido sobre las dificultades que generó el año pasado la falta de adecuación de los plazos establecidos por la legislación vigente. El senador bonaerense Marcelo Leguizamón recordó recientemente que las modificaciones terminaron aprobándose “sobre el filo” de los tiempos electorales.
En este escenario aparece nuevamente una de las principales cuestiones de la reforma: la continuidad o eliminación de las PASO.
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron creadas como un mecanismo para que los partidos y alianzas definan sus candidaturas antes de las elecciones generales. Además, permiten que los ciudadanos participen en la selección de los candidatos, aun cuando no estén afiliados a un partido político.
Sus defensores sostienen que las PASO permiten ordenar las internas partidarias y ampliar la participación electoral. Quienes impulsan su eliminación, en cambio, argumentan que representan un costo para el Estado y que muchas veces funcionan como una instancia electoral adicional sin una competencia interna significativa.
La discusión ya tuvo antecedentes recientes. En la provincia de Buenos Aires, las PASO fueron suspendidas para las elecciones de 2025 y los comicios se realizaron bajo un esquema desdoblado.
Desde Unión por la Patria observan con atención los movimientos del Gobierno nacional y consideran que existe la posibilidad de que Milei avance finalmente con la eliminación de las primarias.
La interpretación opositora se produce en medio de una discusión más amplia sobre una eventual reforma del sistema electoral, que podría incluir modificaciones en distintos aspectos del proceso de votación.
Por ahora, se trata de una lectura política y no de una medida oficialmente anunciada.
La eliminación de las PASO tendría consecuencias sobre la forma en que los partidos y alianzas deberán definir sus candidaturas.
Sin primarias obligatorias, las fuerzas políticas tendrían que recurrir a mecanismos internos propios para resolver sus listas, como acuerdos entre dirigentes, elecciones partidarias u otros procedimientos establecidos por cada espacio.
El cambio también modificaría los tiempos de campaña y la dinámica de las internas políticas, particularmente en aquellos partidos donde existen sectores que aspiran a competir por una misma candidatura.
En ese sentido, la eventual eliminación de las PASO no sería solamente una modificación administrativa: podría alterar la estrategia de los distintos espacios de cara a las próximas elecciones.
Mientras el debate político continúa, la Justicia Electoral mantiene su preocupación por los tiempos disponibles para organizar los comicios.
El reclamo apunta fundamentalmente a contar con previsibilidad. Las autoridades electorales necesitan conocer con suficiente anticipación las normas que deberán aplicar para evitar modificaciones de último momento y garantizar la organización del proceso.
El debate, por lo tanto, combina dos dimensiones: por un lado, la discusión política sobre qué sistema electoral considera conveniente cada sector y, por otro, la necesidad institucional de que las reglas estén definidas con anticipación.
Por ahora, la eliminación de las PASO aparece como una posibilidad que genera especulaciones y posicionamientos políticos, pero no como una decisión definitivamente adoptada.
La incógnita es cuándo llegará la definición y qué otras modificaciones podría incluir una eventual reforma electoral. Hasta entonces, los distintos espacios políticos comienzan a prepararse para escenarios diferentes mientras la Justicia reclama certezas para poder organizar los próximos comicios.