El Centro Cultural Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, junto a la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, la Sociedad de Fomento Unión y Progreso y distintas entidades de la región, dieron un paso más en la defensa del régimen de Zona Fría al presentar en el Congreso Nacional las firmas recolectadas para solicitar el rechazo a la derogación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.637.

La presentación fue realizada en los despachos de los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires por el director del Centro Cultural Necochea, Alberto Franco, y el presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento, Braian Urban, quienes además mantuvieron reuniones con los senadores Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad para exponer la preocupación de las instituciones.

Durante los encuentros, los representantes explicaron el impacto que tendría la eliminación de estos artículos, que actualmente protegen a organizaciones comunitarias inscriptas en el Registro Único de Beneficiarios.

Un beneficio clave para las instituciones

Los artículos cuestionados garantizan un descuento del 50% en las tarifas de gas natural y GLP por redes para bibliotecas populares, clubes de barrio, asociaciones civiles, centros de jubilados y comedores comunitarios.

Desde las entidades advirtieron que este beneficio resulta fundamental para sostener el funcionamiento cotidiano de espacios que cumplen un rol social, cultural y educativo en sus comunidades.

En ese sentido, señalaron que el incremento en los costos de los servicios podría comprometer la continuidad de muchas actividades que hoy se desarrollan gracias a ese alivio tarifario.

Un proyecto que ya tiene media sanción

La preocupación se centra en un proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que propone eliminar el blindaje legal que hoy protege a estas organizaciones dentro del régimen de Zona Fría.

Frente a ese escenario, las instituciones decidieron impulsar una campaña de recolección de firmas para expresar el rechazo a la iniciativa y solicitar a los legisladores nacionales que mantengan vigente el beneficio.

Los impulsores del reclamo remarcaron que el objetivo es preservar una herramienta que consideran esencial para garantizar la continuidad del trabajo que realizan diariamente al servicio de la comunidad y confiaron en que el Senado escuche el planteo antes de avanzar con cualquier modificación de la ley.