El impacto humanitario de la crisis también continúa creciendo. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta informó que recibió 79 cuerpos recuperados del mar y que ya realizó 77 autopsias, logrando identificar a dos de las víctimas. Para afrontar la emergencia, el Gobierno español reforzó los equipos forenses, judiciales y de asistencia jurídica, incrementando el número de profesionales destinados a la ciudad para acelerar las tareas de identificación, investigación y atención a los afectados.

La situación de los menores migrantes se convirtió en uno de los principales focos de preocupación. Organizaciones de infancia y derechos humanos reclamaron que se garantice su identificación, protección y acceso a condiciones de acogida dignas, al advertir que muchos niños y adolescentes permanecen fuera del sistema de protección. Según datos oficiales, más de 500 menores no acompañados fueron identificados tras la llegada masiva, mientras distintas comunidades autónomas mantienen un debate sobre su distribución y capacidad de acogida.

En paralelo, la crisis continúa generando repercusiones políticas y judiciales. La Audiencia Nacional avanza con distintas investigaciones vinculadas a los hechos ocurridos en la frontera, mientras el sistema sanitario mantiene un operativo especial para atender a los migrantes que permanecen en Ceuta. El Gobierno también reforzó los servicios médicos, judiciales y de seguridad para responder a una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad en los últimos años.