Las declaraciones de Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, terminaron revelando un dato institucional de singular importancia en medio de la controversia por la nueva prórroga otorgada a Terminal Quequén S.A. Mientras defendía la decisión de extender por otros dieciocho meses la concesión de la principal terminal portuaria, el propio funcionario reconoció que no posee la legitimidad de origen que corresponde al presidente previsto por la Ley 11.414.

La afirmación fue realizada durante una entrevista concedida a la revista La Tecla, en la que Carrillo explicó las razones que, según sostuvo, obligaron a postergar nuevamente la licitación internacional. El argumento central fue el derrumbe de un silo ocurrido en enero, hecho que —según indicó— obligó a revisar integralmente el proyecto licitatorio, incorporar obras urgentes y modificar la ecuación económico-financiera de la futura concesión. A ello agregó que una licitación internacional demanda varios meses de preparación y que esas circunstancias justificaron la nueva prórroga otorgada a Terminal Quequén S.A.

Sin embargo, fue al explicar por qué esas decisiones requieren la intervención de la Provincia cuando Carrillo realizó la declaración de mayor trascendencia institucional.

"Soy un presidente que eligió el mismo directorio, no soy un presidente permanente que es aquel que elige el Gobernador, que tiene otra legitimidad de origen, de la cual yo carezco".

La frase trasciende la discusión sobre la concesión. El propio presidente del Consorcio reconoce que no fue designado mediante el procedimiento previsto para la designación de la presidencia y que carece de la legitimidad institucional derivada de esa designación.

La Ley Provincial 11.414, que regula los Consorcios de Gestión Portuaria, asigna al Gobernador de la Provincia la designación del presidente del organismo. Esa previsión procura asegurar que la conducción del ente público recaiga en una autoridad investida por el Poder Ejecutivo provincial, particularmente cuando debe adoptar decisiones estratégicas vinculadas con concesiones, inversiones y administración del patrimonio portuario.

Paradójicamente, la explicación brindada por Carrillo para justificar la demora de la licitación termina trasladando el eje de la discusión hacia el Gobierno bonaerense. Si, como él mismo sostiene, su condición de presidente interino le impide avanzar con autonomía y requiere la permanente intervención de la Provincia para la aprobación de los pliegos, la consecuencia inevitable es que la responsabilidad política por la falta de normalización institucional del Consorcio deja de recaer exclusivamente en el Directorio y alcanza al Poder Ejecutivo provincial, que hasta el momento no ha designado al presidente previsto por la ley.

En ese contexto, la nueva prórroga de dieciocho meses deja de presentarse únicamente como una consecuencia técnica derivada del derrumbe de un silo. También aparece como el resultado de una conducción transitoria que el propio Carrillo reconoce limitada por la ausencia de la legitimidad de origen que corresponde al cargo y por la falta de una definición política del Gobierno de Axel Kicillof para regularizar la presidencia del Consorcio conforme al régimen establecido por la Ley 11.414.