El gobierno nacional de Javier Milei publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/26. La norma modifica algunas partidas presupuestarias porque “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. Al parecer, el espionaje es uno de ellos.

Efectivamente, una de las modificaciones que hicieron fue aumentar en casi 50 mil millones de pesos ($49.261.489.000) el presupuesto anual de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En ese total hay casi $7.500 millones correspondientes a la cuenta Gastos Reservados que son aquellos por los cuales no rinden cuentas. También reforzaron con más de $9.400 millones una partida destinada a comprar equipamiento informático.

De esta manera, la administración libertaria repite una conducta que acarrea desde sus inicios: asignar fondos adicionales a la SIDE en medio del ajuste. La primera vez fue en julio de 2024 cuando salió el decreto de los 100 mil millones de pesos con “carácter reservado”. Al año siguiente, otro DNU le dio otros $1.625 millones extra al organismo dedicado al espionaje.