El conflicto de poderes entre el Departamento Ejecutivo de Necochea y el Honorable Concejo Deliberante dio un paso trascendental. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió un dictamen en el que respalda la postura del intendente Arturo Rojas y sostiene que el cuerpo legislativo local se excedió en sus atribuciones al impulsar modificaciones en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

El pronunciamiento surge a raíz de la disputa originada por la aprobación de la Ordenanza Nº 12.148/2026, mediante la cual el Concejo Deliberante incorporó nuevas exenciones tributarias para excombatientes de Malvinas, sus viudas e hijos menores. La norma fue vetada por el Ejecutivo municipal y luego ratificada por el HCD, lo que derivó en la presentación de un conflicto de poderes ante la Suprema Corte bonaerense.

En su dictamen, el Procurador General considera que la discusión no pasa por el reconocimiento a los veteranos de guerra, sino por la competencia institucional para promover modificaciones tributarias. En ese sentido, afirma que la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades reservan esa iniciativa exclusivamente al Departamento Ejecutivo.

El documento sostiene que el Concejo puede debatir y aprobar proyectos de esa naturaleza, pero no impulsarlos por iniciativa propia cuando afectan los recursos municipales. Por ello, concluye que el cuerpo deliberativo avanzó sobre facultades que no le corresponden.

Incluso, el dictamen expresa que "le asiste razón al señor intendente municipal de Necochea", al considerar que el procedimiento seguido para sancionar la ordenanza no respetó el esquema constitucional de distribución de competencias.

Además, la Procuración observa que la norma cuestionada no evaluó el impacto económico que tendría sobre las finanzas municipales ni justificó adecuadamente su incorporación al régimen tributario vigente, aspectos que considera relevantes en este tipo de decisiones.

Por todo ello, el Procurador recomendó a la Suprema Corte declarar la nulidad de la ordenanza, al entender que el Concejo Deliberante invadió atribuciones propias del Departamento Ejecutivo y configuró un conflicto de poderes previsto en la Constitución bonaerense.

Si bien el dictamen no tiene carácter vinculante, representa un antecedente de gran peso jurídico dentro del expediente. Ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la encargada de emitir el fallo definitivo y resolver la controversia institucional.

Mientras tanto, continúa vigente la medida cautelar dictada por el máximo tribunal, que suspendió los efectos de la ordenanza y del decreto de insistencia aprobado por el Concejo Deliberante hasta que exista una sentencia firme.