La administración nacional volvió a quedar bajo la lupa luego de conocerse que la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, más que duplicó en un año el monto destinado a gastos operativos flexibles de la Casa Rosada.

Según datos oficiales, el Fondo Rotatorio pasó de $471 millones en 2025 a $1.135 millones en 2026, lo que representa un incremento cercano al 141%. La cifra quedó establecida a través de la Resolución 35/2026, firmada por la propia secretaria general y publicada en el Boletín Oficial. 

El eje de la polémica no está solo en el aumento, sino en la falta de información sobre cómo se utilizan esos recursos. A través de un pedido de acceso a la información pública, Presidencia confirmó la existencia de 140 tarjetas recargables, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios habilitados para operar con esos fondos, pero no brindó detalles sobre consumos, montos, comercios o justificativos. 

Entre los nombres que figuran dentro de ese esquema aparecen la propia Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de mayor confianza dentro del armado político libertario. La revelación reactivó cuestionamientos sobre el nivel de discrecionalidad con el que se administran recursos sensibles dentro del Gobierno. 

Otro punto que generó controversia es que la resolución habilita gastos individuales de hasta $50 millones por operación, aunque ciertos rubros —como servicios básicos, logística de viajes presidenciales y embargos judiciales— quedaron directamente exceptuados de ese tope. 

Además, desde la propia Secretaría General admitieron la existencia de un sumario administrativo por presunto uso irregular de tarjetas oficiales, aunque tampoco se difundió el expediente ni los detalles de esa investigación interna. La versión oficial sostiene que no hubo perjuicio fiscal.

El caso vuelve a poner en debate la transparencia en el manejo de fondos públicos dentro de una administración que hizo del ajuste y la reducción del gasto una de sus principales banderas políticas. La falta de apertura sobre el destino de esos recursos alimenta interrogantes que, por ahora, siguen sin respuesta.