La disputa institucional entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante ingresó en una etapa decisiva. En las últimas horas, el cuerpo legislativo fue notificado formalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que interviene en el conflicto de poderes originado por la ordenanza que otorgaba beneficios tributarios a veteranos de Malvinas, viudas y derechohabientes.

Con la notificación ya en manos de los concejales, comenzó la cuenta regresiva para presentar la contestación ante el máximo tribunal bonaerense. La Corte otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el Concejo exponga sus argumentos y responda a la demanda impulsada por el intendente Arturo Rojas.

Mientras tanto, dentro del propio cuerpo legislativo surgieron diferencias sobre la estrategia a seguir. Uno de los puntos que generó debate fue la decisión del presidente del Concejo, Marcelo Schwarz, de no intervenir con su firma en la presentación judicial. El dirigente sostuvo que no acompañó con su voto la ordenanza ni la posterior insistencia frente al veto del Ejecutivo, por lo que considera que no debe asumir la representación en esta instancia.

La postura abrió una discusión política e institucional entre los distintos bloques, que ahora analizan alternativas para garantizar la representación del Concejo ante la Justicia. Entre las opciones que se evalúan aparece la posibilidad de delegar esa responsabilidad en otra autoridad del cuerpo o incluso recurrir a asesoramiento jurídico externo para la elaboración de la defensa.

El conflicto se originó luego de que el Concejo aprobara una ordenanza que ampliaba beneficios y exenciones para excombatientes de Malvinas. Tras el veto del Ejecutivo y la posterior insistencia de la mayoría legislativa, el gobierno municipal acudió a la Suprema Corte argumentando que el cuerpo deliberativo avanzó sobre atribuciones que corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo en materia tributaria y presupuestaria.

Días atrás, la Suprema Corte resolvió aceptar el tratamiento del planteo, suspendió cautelarmente los efectos de la ordenanza y ordenó correr traslado al Concejo para que ejerza su defensa. Si bien la medida no implica una definición sobre el fondo de la cuestión, sí dejó en suspenso la aplicación de la normativa hasta que exista una resolución definitiva.

De esta manera, la controversia deja de ser exclusivamente política para trasladarse al plano judicial. En los próximos días, la atención estará puesta en la respuesta que presente el Concejo Deliberante y en los argumentos que cada parte expondrá ante el máximo tribunal provincial, que tendrá la última palabra sobre uno de los conflictos institucionales más importantes de los últimos años en Necochea.