El Gobierno nacional avanza en una nueva reforma vinculada al funcionamiento de la Justicia. Según trascendió en las últimas horas, la administración de Javier Milei tiene preparado un decreto que modificará el procedimiento para la selección de los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La iniciativa apunta a introducir cambios en el Decreto 222/2003, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que estableció un mecanismo de “autolimitación presidencial” para la designación de jueces del máximo tribunal. Ese sistema incorporó instancias de publicidad, participación ciudadana y una serie de recomendaciones para contemplar criterios de diversidad de género, especialidad y representación regional entre los postulantes. 

De acuerdo con la información conocida, el nuevo decreto eliminaría esos lineamientos y dejaría de considerar como requisito la búsqueda de un equilibrio en cuanto al origen geográfico, la formación específica o la presencia de mujeres dentro de la integración de la Corte. También reduciría las instancias de participación ciudadana previstas para analizar las postulaciones. 

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es otorgar mayor flexibilidad al Poder Ejecutivo para proponer candidatos y agilizar un proceso que consideran excesivamente burocrático. La medida se conoce en un contexto particular, ya que el máximo tribunal funciona actualmente con una integración reducida y el Gobierno mantiene el interés de cubrir las vacantes existentes. 

Sin embargo, la posibilidad de modificar por decreto un esquema que durante más de veinte años reguló la selección de los jueces de la Corte ya despertó cuestionamientos en distintos sectores políticos y judiciales. Las principales críticas apuntan a que la reforma podría debilitar los mecanismos de control y transparencia sobre uno de los nombramientos institucionales más relevantes del país. 

El eventual cambio también reaviva el debate sobre la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, en un momento en que la Casa Rosada impulsa una serie de reformas y negociaciones para avanzar con la designación de magistrados y reconfigurar el mapa judicial. 

Aunque el decreto aún no fue publicado oficialmente, en ámbitos políticos dan por hecho que su difusión es inminente. De concretarse, marcará una modificación importante en el procedimiento de selección de los futuros jueces de la Corte Suprema y volverá a colocar el funcionamiento de la Justicia en el centro de la agenda política nacional.