La crisis política que atraviesa Manuel Adorni por las investigaciones vinculadas a su patrimonio comenzó a generar movimientos internos dentro del oficialismo. Lo que en un primer momento parecía una defensa cerrada del Gobierno fue dando paso a una estrategia diferente: el silencio de algunos aliados y el distanciamiento público de dirigentes que hasta hace poco integraban su círculo político más cercano.
La señal más evidente llegó de la mano de Patricia Bullrich. La senadora nacional evitó respaldar sin matices al jefe de Gabinete y, por el contrario, reclamó que presente “de inmediato” su declaración jurada para despejar cualquier duda. Además, advirtió que “estirar esto no tiene sentido” y que la situación “perjudica al proyecto”, una frase que fue interpretada como un fuerte mensaje interno.
En paralelo, distintos analistas políticos sostienen que el caso Adorni abrió una disputa por el liderazgo libertario en la Ciudad de Buenos Aires. En ese escenario, Bullrich aparece fortalecida y con margen para proyectarse como una de las principales figuras del espacio, mientras la imagen del jefe de Gabinete enfrenta un desgaste acelerado.
Las versiones sobre un progresivo alejamiento del PRO también comenzaron a multiplicarse. Dirigentes que hasta hace algunas semanas acompañaban al funcionario evitaron salir a defenderlo públicamente y consideran que el caso puede transformarse en un problema electoral para la coalición oficialista. La prioridad, sostienen en privado, es evitar que la controversia opaque la agenda económica y política del Gobierno.
La situación se agravó luego de las declaraciones del propio Adorni, quien admitió haber regularizado fondos que no habían sido declarados y buscó encuadrar la situación dentro del régimen de "inocencia fiscal" impulsado por el Gobierno nacional. Aunque el funcionario insiste en que no existió delito y que podrá justificar el origen de sus bienes, la explicación no logró desactivar las críticas ni frenar las repercusiones políticas.
Con este panorama, en el oficialismo ya reconocen que el escándalo dejó de ser un problema exclusivamente judicial para convertirse en una cuestión política. Y mientras Bullrich gana espacio y algunos sectores del PRO prefieren tomar distancia, la sensación es que Adorni enfrenta el momento más delicado desde su llegada al Gobierno.