Después de casi tres años de enfrentamientos, protestas y negociaciones frustradas, el Gobierno nacional y las universidades públicas lograron cerrar un acuerdo que busca descomprimir uno de los conflictos más importantes que atravesó el sistema educativo durante la gestión de Javier Milei.

El entendimiento fue alcanzado entre el Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego de una extensa negociación que tuvo como telón de fondo cuatro marchas federales universitarias, paros docentes, clases públicas, movilizaciones estudiantiles y una fuerte discusión por el financiamiento de la educación superior.

El acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos: un 21,33% con impacto en junio y un 3% adicional en octubre. Además, se estableció una actualización del 20% para las partidas de funcionamiento, un incremento del 50% para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una asignación extraordinaria de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios.

El conflicto universitario se había convertido en uno de los principales focos de tensión entre la administración libertaria y la comunidad académica. Desde 2024, las universidades denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y una fuerte caída de las partidas presupuestarias, situación que derivó en multitudinarias movilizaciones en defensa de la educación pública.

Uno de los puntos más delicados de la negociación fue el reclamo del Gobierno para que las universidades desistieran de la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Finalmente, los rectores aceptaron el acuerdo económico, pero dejaron en claro que mantendrán la acción judicial hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

De esta manera, el entendimiento no implica el cierre definitivo del conflicto, aunque sí representa un importante alivio para las universidades de cara al segundo semestre. Las autoridades académicas sostienen que continuarán reclamando el cumplimiento pleno de la ley sancionada por el Congreso, mientras que el Gobierno considera que el acuerdo alcanzado permite normalizar el funcionamiento del sistema sin comprometer su política de equilibrio fiscal.

Tras 30 meses de una disputa que incluyó vetos, judicialización y masivas manifestaciones en todo el país, el acuerdo aparece como el primer punto de coincidencia entre la Casa Rosada y las universidades. Sin embargo, el debate sobre el financiamiento y el futuro de la educación pública argentina todavía está lejos de cerrarse.