El nuevo esquema, impulsado por la administración de Javier Milei en el marco de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal", permite realizar una declaración jurada con menos requerimientos de información patrimonial que el régimen tradicional. Si bien desde el Gobierno sostienen que el objetivo es reducir la burocracia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la adhesión de funcionarios de primera línea despertó sospechas y críticas desde distintos sectores de la oposición.

El caso que más repercusión generó fue el de Adorni, una de las figuras más visibles de la gestión libertaria y uno de los principales defensores del discurso de la transparencia y la reducción de privilegios. Legisladores opositores cuestionaron que el funcionario opte por un mecanismo que disminuye el nivel de detalle de la información exigida por el fisco y reclamaron que haga pública su declaración jurada patrimonial completa.

Desde el entorno del jefe de Gabinete buscaron aclarar que la adhesión al régimen simplificado no implica participar de un blanqueo de capitales y remarcaron que se trata únicamente de una modalidad administrativa prevista por la normativa vigente. El propio Adorni sostuvo públicamente que ni él ni su esposa ingresarán a un blanqueo y negó cualquier irregularidad.

Sin embargo, la polémica lejos estuvo de apagarse. La reciente incorporación de Federico Sturzenegger al mismo régimen alimentó las críticas y reforzó la idea de que parte del núcleo duro del Gobierno está aprovechando una herramienta diseñada por la propia administración. Para los sectores opositores, el problema no radica en la legalidad del mecanismo, sino en el mensaje político que transmite que funcionarios encargados de administrar recursos públicos se acojan a un sistema que reduce los controles sobre la información patrimonial.

El debate ya trascendió el plano tributario y se instaló en el terreno político. Mientras el oficialismo insiste en que se trata de una medida de simplificación fiscal abierta a todos los contribuyentes, desde la oposición advierten que los funcionarios públicos deberían estar sujetos a estándares de transparencia más altos que el resto de la ciudadanía y anticipan que impulsarán modificaciones legislativas para impedir que quienes ocupan cargos de responsabilidad puedan adherirse a este tipo de regímenes especiales.

La adhesión casi simultánea de Adorni, su esposa y Sturzenegger no hizo más que potenciar esa discusión y dejó al Gobierno enfrentando una incómoda pregunta: si la bandera es la transparencia, ¿por qué sus principales dirigentes eligen un sistema que exige informar menos?