La posibilidad de avanzar sobre la Ley de Etiquetado Frontal volvió a generar preocupación entre profesionales de la salud, organizaciones sociales y especialistas en nutrición, que advirtieron sobre las consecuencias sanitarias que podría tener una eventual flexibilización o derogación de la normativa vigente.

El debate se reactivó luego de distintas modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional y de proyectos que apuntan a reemplazar o directamente eliminar el actual sistema de advertencias en los alimentos ultraprocesados. La medida generó fuertes críticas por parte de colegios profesionales y entidades vinculadas a la salud pública.

La Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en Argentina en 2021, obliga a que productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías lleven octógonos negros visibles en sus envases para advertir a los consumidores sobre su composición nutricional. Además, regula la publicidad dirigida a niños y limita la promoción de productos no saludables en escuelas.

Desde distintos sectores profesionales sostienen que los cambios propuestos representan “un retroceso” y priorizan intereses económicos por encima de la salud pública. Según explicaron, los sellos funcionan como una herramienta rápida y clara para que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al momento de comprar alimentos.

Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de modificar la forma en que se calculan los nutrientes críticos, ya que algunos alimentos podrían dejar de mostrar advertencias pese a mantener altos niveles de grasas, sodio o azúcares. También se cuestiona la flexibilización de controles sobre publicidad y composición de productos.

Especialistas remarcan que Argentina registra altos índices de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas vinculadas a la alimentación, especialmente en niños y adolescentes. En ese contexto, consideran que debilitar la ley implicaría “hipotecar el futuro de la salud pública” y generar mayores costos sanitarios a largo plazo.

Además, más de 300 organizaciones académicas y sociales expresaron públicamente su rechazo a la posible derogación de la norma y reclamaron que cualquier modificación se base en evidencia científica y no en intereses de mercado.

Mientras continúa el debate, el etiquetado frontal sigue siendo una de las políticas sanitarias más discutidas de los últimos años, en medio de una creciente preocupación por la alimentación y el consumo de productos ultraprocesados.