El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de las críticas tras confirmar que dejará de compensar económicamente a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con enfermedades oncológicas. La decisión fue oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Transporte y generó fuerte rechazo de organizaciones sociales y sectores vinculados a la discapacidad. 

Desde el oficialismo argumentan que la medida forma parte del objetivo de reducir el gasto público y profundizar el equilibrio fiscal. Sin embargo, distintos actores del sector cuestionan que el ajuste vuelva a recaer sobre personas que dependen del transporte para acceder a tratamientos médicos, educación, rehabilitación y actividades básicas de la vida cotidiana. 

La eliminación de estos subsidios implica que las empresas deberán absorber el costo de los pasajes gratuitos establecidos por ley. Aunque algunas compañías aseguraron que mantendrán el beneficio, también advirtieron que existe una deuda millonaria acumulada por parte del Estado nacional y alertaron sobre posibles complicaciones para sostener el sistema. 

El conflicto se suma además a otros recortes que vienen afectando al área de discapacidad durante los últimos meses. Prestadores, transportistas y familiares denuncian demoras en pagos, caída de coberturas y desfinanciamiento de programas esenciales. Incluso la Justicia ya intervino en varias oportunidades frente a reclamos por incumplimientos del Estado. 

Mientras el Gobierno insiste en que “no hay plata” y defiende el ajuste como parte de su programa económico, crece la discusión sobre cuáles son los límites del recorte fiscal y qué sectores terminan soportando el mayor costo de las políticas de austeridad.