La Cámara de Diputados avanzó ayer miércoles con el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría y quitarle los descuentos en la tarifa de gas a más de 1,2 millones de familias bonaerenses mientras condonó deudas millonarias a Edenor y Edesur
La discusión se dio en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos. El oficialismo defendió la necesidad de “ordenar” subsidios y avanzar hacia el equilibrio fiscal pero desde la oposición apuntaron contra lo que consideran un doble estándar: ajuste para usuarios residenciales y beneficios para grandes empresas energéticas.
La iniciativa oficial cuenta con media sanción y busca recortar el alcance del régimen de Zona Fría, que actualmente otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de regiones con bajas temperaturas. En la provincia de Buenos Aires, el esquema alcanza a 55 municipios del interior y del sur bonaerense.
Sin embargo, uno de los puntos que más cuestionamientos despertó fue el artículo vinculado a las deudas acumuladas por las distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Según advirtieron legisladores opositores, el esquema implicaría perdonar o refinanciar pasivos por unos 1.800 millones de dólares.
La diputada nacional Jimena López, de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, cargó contra los legisladores que acompañaron la iniciativa y vinculó directamente la quita de beneficios para usuarios con el alivio financiero para las distribuidoras.
“Qué vergüenza este gobierno y los legisladores que votan dándole la espalda a la gente. Le sacan alivio a millones de familias con la quita de zonas frías mientras le perdonan más de 1.800 millones de dólares de deuda a distribuidoras energéticas como Edenor y Edesur”, sostuvo la legisladora massista.
En esa línea, agregó: “El ‘equilibrio fiscal’ siempre cae del mismo lado: la gente paga más y los amigos del poder reciben beneficios”.
Las críticas también llegaron desde otros sectores del peronismo. El diputado nacional Itai Hagman apuntó contra el impacto social de la medida y cuestionó la prioridad que, a su entender, fijó el Gobierno.
“Milei decidió desde su oficina calefaccionada en Olivos que millones de personas que viven en zonas de frío extremo paguen más caro el gas natural. Otra vez diputados cómplices le dieron media sanción”, expresó.
Además, remarcó que “de paso el proyecto le perdona 1.800 millones a Edenor y Edesur” y definió la iniciativa como “un capítulo más de hacerle pagar el ajuste a la gente para que sus amigos se la lleven en pala”.
Buena parte de las denuncias opositoras se concentraron en el tratamiento que recibirían las deudas con Cammesa, la empresa mixta encargada de administrar el mercado eléctrico mayorista.
Desde los bloques críticos sostienen que el mecanismo propuesto termina trasladando al Estado —y por ende a la sociedad— el peso de obligaciones millonarias que las distribuidoras privadas no cancelaron durante años.

Por eso, algunos dirigentes comenzaron a hablar directamente de una “estatización de deudas privadas”, al considerar que el Gobierno combina un recorte de subsidios y beneficios para usuarios residenciales con condiciones más favorables para empresas energéticas.
La discusión promete continuar en las próximas semanas en el Senado, en medio de un escenario de fuerte sensibilidad social por el costo de los servicios públicos y con la llegada de las temperaturas más bajas del año.