Por: necochea Digital

La Municipalidad de San Cayetano decidió avanzar judicialmente contra el Gobierno nacional por el incumplimiento en el pago de una obra pública ejecutada durante la gestión anterior mediante un convenio con Nación. Se trata de una deuda que originalmente rondaba los 36 millones de pesos y que, con la actualización inflacionaria, hoy supera los 160 millones.

La confirmación fue realizada por la secretaria de Gobierno y Hacienda del municipio, Melisa Eriksen, quien explicó en diálogo con el programa Voces de la Tarde, de Radio Noticias Necochea, los motivos que llevaron a la comuna a contratar abogados externos para iniciar una demanda contra el Estado nacional.

“Es una obligación tanto del intendente como de la gestión reclamar las deudas”, sostuvo la funcionaria, al señalar que el municipio afrontó con recursos propios el pago de una obra de cloacas que había sido conveniada con Nación, pero cuyo último certificado nunca fue abonado.

Según detalló Eriksen, el mecanismo funcionaba de manera habitual: el municipio ejecutaba la obra, abonaba a la empresa adjudicataria y luego enviaba la documentación correspondiente al Gobierno nacional para recuperar los fondos comprometidos. Sin embargo, ese circuito dejó de cumplirse.

“El último certificado fue en septiembre de 2024. A partir de ahí se comenzaron a hacer todos los intentos para cobrarlo, pero llega un momento en el que no queda otra alternativa que la vía judicial”, explicó.

La secretaria aclaró que, antes de avanzar con la demanda, existieron numerosas gestiones administrativas e incluso conversaciones políticas encabezadas por el propio intendente Gargaglione con funcionarios nacionales.

Según indicó, hace apenas una semana el jefe comunal volvió a plantear la situación ante autoridades nacionales y recibió una respuesta que interpretaron como una validación del camino elegido. “Le dijeron que era lo correcto”, afirmó Eriksen en referencia a la decisión de judicializar el reclamo.

Desde el municipio remarcaron que la presentación judicial no responde a una postura política contra el gobierno de Javier Milei, sino a una responsabilidad institucional.

“No es una cuestión de estar en contra del Gobierno nacional. Es una obligación reclamar lo que corresponde a todos los sancayetanenses”, enfatizó la funcionaria.

La decisión también implicó la contratación de profesionales especializados en litigios contra el Estado nacional. Eriksen explicó que la causa requiere abogados matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con experiencia específica en este tipo de procesos y domicilio legal en Capital Federal.

“Siempre digo que una buena defensa no asegura resultados, pero es fundamental”, sostuvo.

El reclamo se da en un contexto económico complejo para los municipios bonaerenses, marcado por la caída de la actividad económica, restricciones presupuestarias y una fuerte reducción de la obra pública.

En ese sentido, Eriksen reconoció que, si bien San Cayetano mantiene niveles “normales” de recaudación, existe preocupación por la caída de la coparticipación y la situación financiera general.

A esto se suma el impacto de las recientes lluvias e inundaciones que afectaron a la región y que obligarán al municipio a destinar recursos para reparar caminos rurales y otras infraestructuras dañadas.

“Obviamente que recuperar ese dinero sería importante”, señaló la funcionaria, al remarcar que los más de 160 millones de pesos representan hoy un monto significativo para un distrito del tamaño de San Cayetano.

El caso podría convertirse en antecedente para otras comunas bonaerenses que atraviesan situaciones similares. En las últimas horas, desde la Municipalidad de Necochea también reconocieron que analizan iniciar acciones judiciales por fondos adeudados por Nación correspondientes a convenios firmados en 2023, en ese caso por cifras cercanas a los 400 millones de pesos.

La decisión adoptada por San Cayetano expone uno de los efectos más visibles de la paralización de transferencias nacionales vinculadas a la obra pública y abre un nuevo frente judicial entre municipios y el Estado nacional, en medio de un escenario de fuerte ajuste fiscal y creciente tensión sobre las finanzas locales.