El conflicto entre los municipios bonaerenses y el gobierno provincial suma un nuevo capítulo. En medio de los reclamos de los intendentes para obtener fondos de libre disponibilidad y afrontar gastos urgentes, la administración de Axel Kicillof decidió endurecer los controles para liberar partidas destinadas a obra pública. La medida contempla auditorías más estrictas, mayores exigencias técnicas y posibles sanciones para los distritos que no cumplan con los requisitos establecidos. 

La decisión cayó en un momento especialmente delicado para las comunas, golpeadas por la caída de la recaudación, el aumento de costos y el crecimiento de las demandas sociales. Intendentes de distintos espacios políticos vienen advirtiendo desde hace semanas que muchos municipios ya tienen serias dificultades para sostener servicios básicos y afrontar el pago de salarios. 

En Necochea, la situación genera creciente preocupación. El distrito atraviesa un contexto económico complejo, con cuestionamientos por el estado de las calles, caminos rurales deteriorados, obras demoradas y una fuerte dependencia de fondos externos para sostener infraestructura y servicios esenciales. A eso se suma el reciente rechazo opositor a la Rendición de Cuentas del Ejecutivo municipal, donde se expusieron tensiones por el manejo financiero y el déficit de recursos. 

El endurecimiento de los controles provinciales aparece además en un escenario donde la obra pública nacional prácticamente se encuentra paralizada y los municipios quedaron atrapados entre menos ingresos y mayores obligaciones. De hecho, más de 150 intendentes de todo el país ya habían reclamado ante el Ministerio de Economía nacional la liberación de fondos y la reactivación de obras frenadas. Entre ellos estuvo el intendente de Necochea, Arturo Rojas. 

Desde distintos sectores políticos advierten que el problema ya no pasa solamente por ejecutar nuevas obras, sino por sostener el funcionamiento cotidiano de los municipios. Recolección de residuos, mantenimiento urbano, salud pública y reparación de calles comienzan a verse afectados por la falta de recursos y la demora en la llegada de financiamiento. 

Mientras la Provincia exige más controles para liberar dinero, en los municipios crece el temor a que la burocracia y la demora administrativa terminen agravando aún más una crisis que ya se siente en cada distrito bonaerense.