El avance de la tecnología aplicada a la política abrió un nuevo frente de discusión entre los dirigentes y la Legislatura no escapa a esa nueva realidad. En ese contexto, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone poner límites al uso malicioso de herramientas digitales en campañas electorales, con el objetivo de resguardar la transparencia, la equidad y la autenticidad de los procesos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, junto a Gustavo Cuervo y Viviana Romano, y se enfoca en la necesidad de prevenir, detectar y sancionar prácticas de manipulación digital que puedan distorsionar la voluntad del electorado. En los fundamentos, el texto advierte sobre el crecimiento de estrategias que combinan inteligencia artificial, automatización y circulación masiva de contenidos falsos, capaces de incidir en la opinión pública durante períodos electorales.

En ese sentido, el proyecto establece que durante las campañas quedará prohibida la generación o difusión de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial u otras herramientas digitales que simulen o alteren la imagen, la voz o las declaraciones de una persona con el fin de inducir al error o afectar su reputación. El foco está puesto especialmente en los llamados “deepfakes”, que permiten recrear escenas falsas con alto grado de verosimilitud, así como en otras formas de intervención tecnológica que puedan confundir al electorado.

La propuesta también apunta contra la usurpación de identidad en redes sociales, sitios web o aplicaciones de mensajería, una práctica que puede ser utilizada para engañar a los votantes o perjudicar a dirigentes y espacios políticos. A esto se suma la intención de desalentar la difusión de campañas de desinformación o fake news sin respaldo verificable, así como el uso de fondos —ya sean públicos o privados— para financiar este tipo de maniobras.

En paralelo, el proyecto define un esquema de sanciones que busca dar respuesta concreta a estas conductas. Las penalidades incluyen multas económicas que van de diez a cien Salarios Mínimo Vital y Móvil, además de la posibilidad de suspender el acceso a publicidad oficial electoral o beneficios contemplados en las leyes de financiamiento político. En los casos de reincidencia comprobada, incluso se contempla la inhabilitación para ocupar cargos públicos electivos, lo que introduce un componente de mayor severidad frente a prácticas reiteradas.

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es su alcance. El texto prevé que la norma sea aplicable a todos los procesos electorales provinciales, desde elecciones generales y primarias hasta internas partidarias, referendos y consultas populares.