El nuevo régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado, presentado por el Gobierno como una herramienta para facilitar trámites y reducir burocracia, ya genera fuertes cuestionamientos. Para el tributarista Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, se trata de una suerte de “blanqueo encubierto” que podría terminar premiando a quienes mantuvieron bienes o dinero sin declarar. 

La advertencia cayó como una bomba en medio del debate por la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, impulsada por la administración de Javier Milei como un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

Según explicó Pérez, el nuevo sistema incluye una especie de “tapón fiscal” que permitiría incorporar al patrimonio dinero o bienes no declarados, siempre que estén dentro del “perfil de riesgo” del contribuyente, sin enfrentar sanciones por parte de la ARCA. En otras palabras: quien estuvo años sin declarar parte de sus activos podría regularizar su situación sin grandes consecuencias. 

“El mensaje puede ser peligroso”, deslizan especialistas del sector, que observan con preocupación cómo este tipo de medidas pueden desalentar a quienes sí cumplieron históricamente con sus obligaciones tributarias.

Pérez remarcó además que, con este esquema, cambia la lógica del sistema: “hasta ahora todos eran culpables hasta demostrar lo contrario; ahora es al revés”. Aunque para algunos se trata de una modernización necesaria, para otros implica una flexibilización excesiva en los controles. 

Otro de los puntos más polémicos del nuevo régimen es la reducción de controles cruzados. Bancos, escribanos y otros agentes económicos dejarían de informar determinadas operaciones a ARCA, o lo harían con pisos mucho más altos. Por ejemplo, movimientos bancarios que antes se reportaban desde montos cercanos al millón de pesos ahora pasarían a informarse recién entre los $30 y $50 millones. 

La simplificación también tiene límites: podrán adherir personas con rentas inferiores a $1.000 millones o bienes por debajo de $10.000 millones. ARCA presentará una declaración jurada “prearmada” para que el contribuyente la acepte o modifique, sin necesidad de declarar bienes al inicio ni al final del período. 

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una medida para agilizar el sistema, bajar costos administrativos y dejar de perseguir al contribuyente “de buena fe”. Pero las críticas apuntan a otra cosa: que el Estado podría estar resignando capacidad de control en nombre de la simplificación.

En un país donde la evasión fiscal ha sido históricamente uno de los grandes problemas estructurales, la discusión recién empieza. Y la gran pregunta que ya circula es incómoda: ¿se está premiando al evasor?