Por: Jorge Gómez

En la práctica cotidiana de las ciudades, el repliegue del Estado nacional ya comenzó a sentirse con fuerza. Los intendentes advierten que las Municipalidades no sólo deben sostener los servicios habituales, sino también absorber responsabilidades que antes correspondían a la Nación o a las provincias.

En Necochea, por ejemplo, el intendente Arturo Rojas mantuvo reuniones con sus pares de ciudades vecinas para analizar el escenario. En uno de esos encuentros dialogó con el jefe comunal de San Cayetano, Miguel Gargaglione, y con el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi.
Las diferencias partidarias quedaron al margen de la conversación. El diagnóstico fue prácticamente idéntico.

Desde fines de 2023 comenzaron a cerrarse oficinas del gobierno nacional en distintos puntos del país. Programas que durante años canalizaron recursos hacia las provincias y las Municipalidades dejaron de ejecutarse. Obras de infraestructura que estaban licitadas o en ejecución quedaron paralizadas.

Ese proceso coincidió además con un contexto económico delicado que incrementa la demanda social en los municipios.
En muchas ciudades comenzaron a multiplicarse las consultas en áreas sociales por dificultades para afrontar el pago de servicios básicos, alquileres o alimentos. En centros urbanos de gran visibilidad turística, como Mar del Plata, se observa un aumento de personas en situación de calle y de pedidos de asistencia alimentaria.

Los jubilados aparecen entre los sectores más golpeados por el deterioro económico. En ese contexto, programas sanitarios que durante años funcionaron como respaldo para los sectores más vulnerables -como el Plan Remediar- comenzaron a perder presencia o directamente dejaron de funcionar en muchos distritos.

Frente a ese escenario, las Municipalidades se transforman en el último eslabón de contención social. Allí llegan los reclamos, las consultas y las urgencias de vecinos que muchas veces no encuentran respuestas en otros niveles del Estado.
El problema es que los municipios son también el nivel de gobierno con menor capacidad financiera. Y esa combinación -más demandas y menos recursos- comienza a generar una presión inédita sobre las administraciones locales.