El Gobierno Nacional de Javier Milei envió al Senado un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental que puso en alerta a casi todas las provincias. Hoy se reúne el Consejo Federal de Salud (COFESA) y se espera que Mario Lugones, ministro de Salud libertario, le presente la iniciativa a autoridades de todo el país. Buenos Aires ya encabeza la resistencia.
La presentación de una nueva Ley de Salud Mental a nivel nacional coincidió con el Consejo de Salud Provincial (CoSaPro) que se hizo la semana pasada en Mar del Plata. Durante esa jornada, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se reunió con autoridades sanitarias de 18 provincias para hablar de las problemáticas vinculadas a la salud mental de la población.
No es un tema menor considerando que el año pasado se registró un aumento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria. Estos porcentajes corresponden a cifras oficiales relevadas a nivel federal y genera una “profunda preocupación” en las autoridades sanitarias de las provincias. Sobre todo “la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención“.
En este contexto, los funcionarios reunidos en el CoSaPro expresaron su “enérgico rechazo” a la iniciativa libertaria argumentando que “implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente“.
Por el contrario, las provincias marcaron la “urgente necesidad de reactivar el COFESAMA” que es el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones. También señalaron que “los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo“.
Participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
En el marco del CoSaPro también se hizo la asamblea entre las autoridades provinciales y las de los 135 municipios del territorio bonaerense. Ahí también se rechazó la reforma libertaria de la Ley de Salud Mental con altos grados de consenso.
Es más, los gobiernos locales manifestaron su apoyo al documento Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Según se informó oficialmente, la asamblea reafirmó el rumbo del Plan Quinquenal, pidió construir una política provincial de Atención Primaria y ratificó la defensa de la Ley de Salud Mental “frente a intentos de modificación que implican un claro retroceso y deterioro en la calidad de atención”. “Cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual”, consignaron.