La Universidad Nacional de Mar del Plata atraviesa un escenario crítico producto del ajuste en el financiamiento universitario, una situación que ya tiene consecuencias concretas en el funcionamiento académico y en la continuidad de miles de estudiantes.

En el marco de la jornada nacional “La universidad no se apaga”, la comunidad educativa desplegó una serie de actividades para visibilizar el conflicto, que incluyeron clases abiertas, intervenciones en el centro de la ciudad y un festival cultural frente a la Catedral marplatense.

Desde la Federación Universitaria Marplatense (FUM) remarcaron que el objetivo es acercar la universidad a la sociedad y mostrar el impacto real del recorte presupuestario. “Queremos que la comunidad entienda qué está en juego y por qué defendemos la universidad pública”, señalaron.

El reclamo apunta directamente al Gobierno Nacional Argentino, al que acusan de incumplir una ley que garantiza la actualización del presupuesto universitario. Según indicaron, la falta de actualización de los recursos se arrastra desde fines de 2023 y ya supera los 170 días sin respuesta.

La rectora, Mónica Biasone, fue contundente al describir el escenario: “No tener presupuesto implica aulas cerradas, investigaciones truncas y estudiantes que no pueden continuar sus estudios”. Además, advirtió que el problema no se limita a los salarios, sino que afecta el funcionamiento integral de la institución, incluyendo becas, mantenimiento y equipamiento.

En paralelo, el deterioro salarial de docentes y no docentes agrava el cuadro. Desde la universidad señalaron que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 50%, lo que genera un éxodo de profesionales y pone en riesgo la calidad educativa.

Las actividades de protesta continuarán en los próximos días con nuevas clases públicas, acciones culturales y medidas de fuerza, en articulación con gremios docentes y distintos sectores de la comunidad.

En ese marco, desde la universidad insisten en que el reclamo no es extraordinario: exigen el cumplimiento de una ley vigente y advierten que el desfinanciamiento compromete no solo el presente de la educación superior, sino también el desarrollo científico y productivo del país.