La decisión de la Provincia de Buenos Aires de mantener el esquema 70/30 en la distribución del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal expuso una problemática mayor: el fuerte impacto que tiene la reducción de recursos desde Nación en las finanzas locales.

Si bien la regla de reparto es definida a nivel provincial, el trasfondo del conflicto es económico y tiene origen en el ajuste nacional. La caída de la coparticipación y la menor asistencia financiera golpean directamente a los municipios, que hoy enfrentan más demandas con menos recursos disponibles.

En este contexto, intendentes de distintos espacios políticos habían reclamado que el 100% de los fondos fuera de libre disponibilidad para poder afrontar gastos corrientes como salarios, aguinaldos y servicios esenciales. Sin embargo, el planteo no prosperó y se mantuvo el esquema vigente: 70% de uso libre y 30% condicionado a programas específicos.

Para distritos como Necochea, el impacto es concreto. La combinación de menos ingresos desde Nación y recursos provinciales parcialmente restringidos limita la capacidad de respuesta del Estado local, especialmente en áreas sensibles como la salud, donde la demanda no deja de crecer.

La situación también deja al descubierto una tensión política: mientras desde los municipios se reclama mayor autonomía para administrar los fondos en un escenario crítico, las decisiones estructurales siguen sin modificarse.

En definitiva, aunque la herramienta es provincial, el problema es más profundo. La falta de recursos nacionales termina condicionando toda la cadena de financiamiento, y los municipios quedan en el medio, obligados a sostener servicios básicos con cada vez menos margen de maniobra.