El Gobierno de Javier Milei decidió renovar los contratos de unos 40.000 empleados de la administración pública nacional por el lapso de tres meses, hasta fines de marzo de 2025, lapso en el que se espera que los empleados realicen un examen de idoneidad para saber si pasan a un régimen contractual de mayor estabilidad.

Mientras tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que en total son más de 55.000 empleados a los que se les venció el contrato el último día hábil de 2024.

Es costumbre de la gestión de Milei renovar los contratos de un gran sector de la administración pública cada 3 meses, para definir que porción de los trabajadores mantendrá su puesto y quiénes serán despedidos. 

En detalle, estas contrataciones están amparadas bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regímenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales. Se espera que esta sea la última prórroga ya que, mientras tanto, todos los empleados deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.

El examen de idoneidad -impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estados, Federico Sturzenegger-, presenta un cuestionarios dividido en tres categorías: compresión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.

Según detallaron desde Casa Rosada, la decisión sobre quiénes continuarán en su puesto y quiénes no estará determinada por dos condiciones: los empleados deberán aprobar el examen de idoneidad y sus jefes deben considerar que los mismos cumplen una función necesaria para el área.

A pesar de los números comunicados por el Gobierno, desde ATE denuncian que son 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre de 2024. En este cálculo se contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor. El Gobierno ya comunicó que desvinculará a los trabajadores que tengan un convenio a través desde ACARA.

Desde ATE detallaron que, con el cambio de año, "se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales".

Ejemplo de esto es lo sucedido en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.

En línea con esta medida, en la previa del cambio de año el Gobierno decretó cambios en el régimen de contrataciones del sector público. En primer lugar, la administración libertaria decretó que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional ya "no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza".