"Si no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos", expresó Aguiar con firmeza, refiriéndose a la situación que atraviesan los trabajadores del Estado bajo el actual escenario económico y político. El dirigente sindical denunció que, además de la destrucción de los salarios de los empleados públicos, el gobierno está implementando medidas como los exámenes de idoneidad, los cuales calificó de "ilegales" y una forma de seguir con el proceso de despidos masivos en las distintas áreas del sector público.

El dirigente sindical destacó que estos exámenes son un ataque directo a los trabajadores, ya que, según él, los funcionarios responsables no tienen el conocimiento necesario sobre las tareas que realizan los empleados estatales. "¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea", expresó Aguiar, refiriéndose a la falta de autoridad y conocimiento de los funcionarios encargados de implementar esta medida.

Para el líder de ATE, este tipo de evaluaciones carecen de legitimidad, ya que no cuentan con la base técnica ni humana para juzgar el desempeño de los trabajadores.

Además, Aguiar advirtió que la situación de persecución y maltrato que atraviesan los empleados estatales es generalizada y se está volviendo cada vez más sistemática. "Los niveles de autoritarismo y violencia están creciendo en todas las áreas del Estado", señaló, haciendo referencia a la presión y a las condiciones laborales cada vez más difíciles que enfrentan los trabajadores.

Sin embargo, subrayó que, a pesar de estas tácticas de intimidación, "no les tenemos miedo", dejando claro que la respuesta del gremio será contundente.

El principal reclamo de ATE, según lo expresado por Aguiar, es el de un aumento salarial que permita sacar a los trabajadores estatales de la pobreza. En su publicación, lamentó que el ajuste salarial se haya profundizado en las provincias, afectando aún más a los trabajadores municipales y provinciales. "No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios", enfatizó, refiriéndose a los continuos ajustes que afectan el poder adquisitivo de los empleados públicos en diversas regiones del país.

En este contexto, la convocatoria al paro de 24 horas del 5 de diciembre busca visibilizar la situación crítica que atraviesan los empleados estatales y presionar por un aumento salarial que contemple la actual situación económica y la inflación, que ha erosionado el salario de los trabajadores.

El líder sindical expresó que el ajuste, que en muchas provincias está afectando a los sectores más vulnerables, no debe recaer sobre quienes prestan servicios en los estados provinciales y municipales. De esta manera, el paro de diciembre se presenta como una medida de resistencia ante lo que el gremio considera una política de ajuste y precarización laboral que afecta gravemente las condiciones de vida de los trabajadores.