Empresas con medidores residenciales: la raíz del problema

El informe detalla cómo empresas que deberían estar categorizadas bajo tarifas de alto consumo, como T1G o T2BT, están utilizando la tarifa T1R, destinada exclusivamente a hogares residenciales. Este desvío tarifario ha generado una enorme desigualdad, ya que mientras muchos vecinos enfrentan tarifas elevadas y errores en la medición de sus consumos, estas grandes compañías logran pagar sumas considerablemente menores.

Diferencias tarifarias y el medidor T1R

El medidor T1R, diseñado para registrar el consumo de energía de hogares residenciales, permite acceder a tarifas reducidas para aquellos con bajo consumo. No obstante, las empresas implicadas en este fraude energético están utilizando este sistema para minimizar sus costos, aunque su nivel de consumo excede por mucho los límites permitidos para usuarios residenciales. Deberían estar facturando con la tarifa T1G, destinada a usuarios no residenciales con consumo moderado, o la T2BT, utilizada por medianas empresas con alto consumo energético.

Complicidad y falta de control

La ausencia de una supervisión adecuada por parte de las autoridades y la UPC, sumada a la aparente connivencia entre las empresas y los entes encargados de la distribución eléctrica, ha generado un profundo malestar entre los vecinos. Mientras la mayoría de los usuarios sufren el impacto de aumentos constantes y mediciones erróneas, las empresas logran beneficiarse fraudulentamente de una tarifa que no les corresponde, aumentando la indignación en la comunidad.

Un problema sistémico

Este nuevo descubrimiento podría desatar una ola de denuncias y reclamos, ya que la inequidad entre empresas y vecinos queda cada vez más en evidencia. La falta de controles estrictos ha permitido que esta práctica se mantenga en silencio, perjudicando a miles de usuarios que pagan tarifas similares a las de grandes industrias sin recibir un servicio acorde.

¿Qué medidas tomarán las autoridades?

Se espera que, tras este nuevo escándalo, las autoridades locales y provinciales tomen cartas en el asunto y procedan a investigar y regularizar la situación. La implementación de controles rigurosos para evitar que estas irregularidades persistan es urgente, así como una revisión del sistema tarifario que garantice una distribución justa de los costos energéticos.

Mientras tanto, los vecinos siguen aguardando respuestas y soluciones a un problema que, lejos de resolverse, parece profundizarse con cada nueva revelación.