Estas entidades habían expresado su preocupación sobre las intenciones del gobierno provincial en relación con la gestión del puerto y el acopio de granos.

Las Sociedades Rurales cuestionaron un supuesto intento del gobierno provincial de asumir un 30% de la producción privada de granos, describiéndolo como una medida “distorsiva” e “ideologizada” que perjudicaría al sector productivo. Según el comunicado de las entidades, la situación es alarmante ya que la concesión de Terminal Quequén está por vencer y aún no se ha acordado una nueva prórroga.

El documento también menciona que el gobernador Axel Kicillof estaría buscando implementar una "licitación exprés" y crear una empresa provincial para la comercialización de granos, similar a una “Junta Provincial de Granos”, lo cual según las Sociedades Rurales podría resultar perjudicial.

En una entrevista con el periodista Jorge Gómez en el programa “Voces de la ciudad”, Jimena López desmintió las acusaciones. Aseguró que no se está llevando a cabo ninguna licitación exprés y que el proceso está diseñado con un nivel de tecnicismo comparable al de las licitaciones internacionales del Banco Mundial. López aclaró que el 30% mencionado se refiere a un posible espacio para el acopio de granos y no implica una interferencia en la operatoria actual.

La funcionaria subrayó que el objetivo del consorcio portuario es brindar certidumbre al sector y resolver la situación del elevador de granos antes de la fecha límite de septiembre. Además, reiteró que la Provincia no puede quedarse con la producción privada, ya que su rol se limita a la infraestructura del puerto y la intermediación entre productores y agroexportadores.

Finalmente, López destacó que la licitación para Terminal Quequén está diseñada con estrictos criterios técnicos y jurídicos para asegurar que solo el sector agroexportador pueda participar, excluyendo a fondos buitres o no relacionados.

La controversia continúa mientras se define el futuro de la gestión del puerto y la concesión de la terminal, con un enfoque en equilibrar los intereses del gobierno provincial y los actores del sector productivo.