Según se informó, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) descubrió, a través de una auditoría liderada por Diego Spagnuolo e investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, un supuesto esquema de corrupción en la concesión de pensiones por discapacidad. Entre los casos destacados, se habría detectado la aprobación de una pensión utilizando la radiografía de un perro.

Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que en 2022 un médico en Corrientes adjuntó la radiografía de un perro en un certificado para obtener una pensión por trastorno de disco-lumbar e hipertensión. Durante una conferencia de prensa, Adorni mostró la imagen de la radiografía, destacando la presencia de la cola del perro y cuestionando cómo fue posible que se otorgara la pensión basándose en esa imagen.

Por otro lado, en otros expedientes se habrían encontrado más irregularidades. Se mencionó la utilización de la misma radiografía de un hombro fracturado en 157 casos distintos y radiografías extraídas directamente de Google. Además, se presentó un certificado médico que en lugar de describir una dolencia, reproducía un poema de Arias Uriburu titulado "La Herida".

Desde la ANDIS se indicó que el desvío de fondos alcanzó un 40% del presupuesto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad, estimando una pérdida de aproximadamente 3,400 millones de dólares anuales para el Estado.

Manuel Adorni también mencionó que se citará a más de 1,2 millones de beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral para verificar la autenticidad de sus documentos. Según Adorni, entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el número de pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentó significativamente, pasando de 80,000 a 1,050,000. Este incremento continuó durante el gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal Marijuan destacó en su resolución que este aumento en las pensiones podría haberse debido a un proceso de flexibilización de los criterios de concesión y la creación de un circuito paralelo destinado a favores políticos con gobernadores e intendentes. Según Marijuan, este sistema permitió la aprobación de pensiones en tiempos reducidos y a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad.

Finalmente, se cuestiona la validez de las acusaciones, considerando la posibilidad de que algunas afirmaciones puedan estar exageradas o fuera de contexto. La resolución 8/2020, por ejemplo, modificó los parámetros para la evaluación socioeconómica y de vulnerabilidad, lo que podría haber influido en el proceso de aprobación de las pensiones.