Por Jorge Gómez
El jefe comunal habría obtenido el aval del Gobierno bonaerense para avanzar y concretar esta medida, tras un encuentro mantenido este jueves 2 de noviembre con el subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero Gastón Ghioni. Entre los varios fundamentos de avanzar con esta importante medida se encontraría la importante deuda que mantiene la UPC con la Cammesa, a quien se le compra la energía eléctrica que luego se vende a los asociados del servicio local, la que ascendería a más de 8.300.000.000 de pesos.
La decisión política municipal basada en profundos y objetivos desacuerdos en la forma de conducir los destinos de la institución, consistente en autorizar la intervención de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María de Necochea por parte del intendente Arturo Rojas habría recibido el aval y el apoyo de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, a cuyo frente se encuentra el ingeniero Gastón Ghioni.
Pese al hermetismo sobre los resultados de la reunión llevada a cabo este jueves 2 de noviembre que sobre el tema mantuvo el jefe comunal local con el citado funcionario bonaerense, fuentes varias confirmaron el importante y sólido acompañamiento que tendría la gestión municipal en atención a la decisión que, se consignó, estaría en proceso de elaboración en cuanto a la redacción del pertinente decreto (algunos hablan de una resolución provincial avalando la postura del Ejecutivo), en un intercambio de información que comprendería la intervención de auxiliares técnicos de la citada Subsecretaría y del área Legal y Técnica del DE necochense.
El intendente Rojas habría departido con el ingeniero Ghioni en las oficinas de este último, donde además de dar cuenta de la crítica situación económica y financiera por la que transita la concesionaria del servicio eléctrico de nuestro medio, se habría tomado nota de la información que al respecto posee la aludida dependencia bonaerense, que consideraría -se acotó- a la UPC como una de las mayores deudoras con la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima).
“La deuda que la Usina de Necochea mantiene con la Cammesa -a quien se le compra la energía que luego se le vende a los asociados del servicio local- ascendería a más de 8.300.000.000 de pesos, sin actualizar esta cifra, dado que desde marzo en adelante de cada factura que emitió esta última a la UPC sólo se le habría estado pagando entre el 1 y el 3% de cada liquidación mensual que llego a Necochea”, dio cuenta otra de las fuentes consultadas.
Contando con el consentimiento del gobierno de la Provincia, más otras observaciones que se apilarían de dependencias con competencia en este servicio -llámese OCEBA y el INAES-, el intendente Arturo Rojas habría obtenido el apoyo para avanzar con el pedido de intervención. “Tiene luz verde del Gobierno de la Provincia para concretar y ejecutar esta intervención e incluso de disponer de posibles nombres para que conducir esta intervención”, se resaltó.
Trascendió -se está a la espera sobre cómo y de qué manera llevar a cabo esta medida- que podría ser a través de un decreto municipal, estableciendo una prórroga del servicio -que hoy no se cuenta con un convenio al respecto-, y en el mismo texto incluir la medida de intervención, que conllevaría a la disolución de buena parte de quienes hoy conforman el consejo de administración, al igual que dar de baja a las autoridades de la asamblea de delegados, a los miembros de la Sindicatura y alcanzaría, presumiblemente, al cuerpo gerencial de la entidad, habilitando asimismo la concreción de una auditoría externa que observaría no tan sólo el presente de los números de la UPC sino una mirada técnica hacia ejercicios anteriores.
Otro elemento que se consideraría por estas horas, tras algún contacto informativo que habría llevado adelante un auxiliar político del intendente Rojas con una autoridad de carrera de la concesionaria, sería la alternativa de “la renuncia de la actual conducción de la UPC”, instancia que podría plantearse ante este escenario de una “intervención inminente” y la decisión del jefe comunal de pretender ordenar severamente el funcionamiento de la concesionaria, garantizando el servicio y llevando adelante una batería de medidas de corrección que aludirían a la misma operatividad de la Usina, “algo -se puntualizó- que podría llevar no sólo un año de trabajo, sino posiblemente varios ejercicios”.
“La idea central del intendente es defender la institución, que se ordene, y garantizar los puestos de trabajo de las tres áreas que conforman actualmente los tres servicios que ofrece la UPC: el eléctrico -el más importante-, los servicios sociales y el área de internet”, dio cuenta otra fuente que estaría al tanto de la evolución de este tema.