El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea, Ernesto Povilaitis dialogó con La Mañana de los Mares que se emite por Radio Maestra 97.3 sobre el hecho que el Municipio deberá pagar un millonario juicio por el alquiler de una vivienda donde había dependencias municipales la cual se desocupó durante el gobierno de Facundo López, pero generó una deuda, por la cual la Municipalidad fue embargada y deberá abonar una suma total de $3.966.557.
Con respecto a la posibilidad que se denuncia al intendente Facundo López señaló que “estamos trabajando en eso” y adelantó que esta situación puede derivar en una acusación de “incumplimiento a los deberes de funcionario público”. A raíz de esto indicó que “tengamos en cuenta que los funcionarios tienen que velar por el patrimonio municipal”.
También dejó en claro que “el daño es concreto dado que con esos $4.000.000 se podrían haber comprado insumos para el hospital o asfaltado una calle, teniendo en cuenta que esa suma la pagamos todos”
Povilaitis relató cómo se enteraron de esta situación y contó que “Llamativamente cuando asume Rojas nos llevamos la sorpresa que existía un juicio iniciado contra el Municipio por cobro de alquileres. En esa oportunidad cuando buscamos el expediente administrativo de la contratación nos encontramos con que no aparecía, había desaparecido. A partir de ahí hubo que reconstruir el expediente y buscar los antecedentes. Teniendo en cuenta que ni bien asumimos hubo un embargo por $800.000”. Luego continuó explicando que “una vez que logramos hacernos de parte de los antecedentes advertimos que la contratación era por una casa de calle 56 entre 57 y 59 donde funcionaron dependencias municipales, que en agosto de 2017 fueron trasladadas a la secretaría de Salud y otras a varias dependencias en una vivienda de calle 59 casi 48. En ese momento se le solicitó al locador la devolución de las llaves del inmueble, cosa que no sucedió teniendo en cuenta que había una deuda y el locador se negaba a recibir la llave. A partir de ahí -estamos hablando de agosto del 2017- la casa permaneció cerrada hasta diciembre de 2019, cuando fue intimado el locador a recibir la casa, algo que lo hizo teniendo en cuenta que de lo contrario se iba a proceder a la consignación judicial”.
Povilaitis consideró “llamativa” la inactividad que mantuvo la anterior administración respecto a esta cuestión, teniendo en consideración que mes a mes se devengaba el alquiler más una multa diaria de $600, a lo cual tanto al valor de la multa como del alquiler se le sumaron los intereses, esto arrojó como resultado una deuda que asciende a los $4.000.000”
Por último el funcionario indicó que “se va a poner en conocimiento a la fiscalía de esta situación y al tribunal de cuentas, que puede llegar a disponer de cargos para las anteriores autoridades municipales que “debería ser idéntico a las sumas que debió pagar la municipalidad por esta desprevención de la Administración anterior”, cerró Povilaitis.
