El ministro de Economía, Sergio Massa, instruyó ayer a la Secretaría de Energía de la Nación y al ENRE para poner en marcha una auditoría que revise la calidad del servicio.

Luego de protestas que duraron varios días en la Autopista Dellepiane y ante los sucesos que terminaron en bochorno en la tarde de este miércoles, con una innecesaria represión policial a los vecinos de Villa Lugano que pedían por la restitucion de la luz y el agua, por fin el Estado nacional decidió tomar cartas en el asunto y desde la cartera que dirige Sergio Massa instruyeron a la Secretaría de Energía y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para sancionar a Edesur, proovedora del servicio en el lugar.

La resolución adopatada contra la empresa exige la aplicación de una multa de mil millones de pesos por los problemas de calidad en el servicio, la devolución a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato de la totalidad de la factura del último mes, la habilitación de un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios, y la puesta en marcha de una veeduría con auditoría (convocaron a la UBA).

Sobre este último punto, quienes ejerzan el rol de control deberán revisar el valor del activo regulatorio, el cumplimiento del régimen de inversiones, el cumplimiento de los tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad en el servicio de transmisión de toda el área de Edesur.

El titular del ENRE, Walter Martello, adelantó este miércoles la posibilidad del retiro de la concesión del servicio eléctrico a la firma por «incumplimientos crónicos», relacionados con los recientes cortes de luz en el AMBA, en medio de una ola de calor, un relato que ya no es noticia.

La decisión fue analizada en una reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, y no comprendería, en un principio, la baja de la concesión de la empresa, en la que la firma italiana Enel tiene la mayor parte de las acciones.

Martello recordó que «desde septiembre a la fecha impusimos (sanciones) por más de $2 mil millones», pero insistió en que, en este caso, «se evalúa quitarle la concesión» a la energética. «Llamé a una mesa técnica para empezar a evaluar las causales que podrían determinar la continuidad o no de la empresa en la prestación del servicio», declaró.

En ese sentido, observó que Edesur «lleva 20 años en el mercado, pero todavía quedan 60 más de concesión, y no amerita que tengamos que tener esta calidad de vida por sus incumplimientos contractuales». 

Para evaluar la baja, los elementos a tener en cuenta serán «la calidad del servicio prestado y todos los informes técnicos y administrativos por incumplimientos de sus planes de inversiones y reemplazos de equipamientos».

«Es una serie de factores técnicos y administrativos que no se hacen de un día para el otro pero que ya hemos lanzado la operación de este informe que oportunamente será elevado a las autoridades políticas», adelantó.

Señalando además que sería «la primera vez en que se haría una acción de esta característica», evitó dar una fecha estimada de finalización del informe, ya que se procura hacerlo de forma «completa» para que «la empresa no lo recurra».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *