El presidente Javier Milei se anotó su primer triunfo legislativo, con la aprobación de la llamada Ley Bases.

A poco de haber cumplido sus primeros seis meses en el poder, el presidente Javier Milei se anotó su primer triunfo legislativo, con la aprobación por parte del Senado de la llamada Ley Bases. El paquete legislativo ahora deberá volver a la Cámara de Diputados -que lo aprobó en abril- para su sanción, ya que los senadores introdujeron algunos cambios, y allí se discutirá si se aprueba con los cambios hechos en el Senado o se quedan con la versión original aprobada hace unos meses.

La votación había quedado empatada en 36, pero el voto a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo que se aprobara el paquete legislativo.

Mientras adentro del Parlamento se discutían los puntos de la ley, afuera centenares de personas protestaban. Algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas y bombas molotov, y decenas de personas sufrieron heridas en enfrentamientos con la policía.

«Partiendo de 38 diputados y 7 senadores, con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las Fuerzas de Seguridad en defensa de la democracia, con la casta política resistiendo y operando hasta último momento, y debiendo recurrir al desempate de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza», se leyó en un comunicado emitido por la Casa Rosada.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -su nombre completo- es una versión reducida de la llamada «Ley ómnibus» que el gobierno de Milei presentó al Congreso a comienzos de año, a poco de asumir.

A pesar de que el gobierno redujo su tamaño de más de 660 artículos a cerca de la mitad, en febrero una mayoría en la Cámara de Diputados rechazó los principales artículos, llevando a que Milei ordenara el retiro del proyecto parlamentario, que volvió al punto cero.

Tras varios meses de negociaciones, el nuevo paquete, que contiene 232 artículos, fue aprobado por Diputados a finales de abril, y ahora recibió el visto bueno de la Cámara Alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno libertario y que traerá cuatro grandes cambios para el Estado:

Facultades delegadas

Una de claves más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, al declarar «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética». Esto le permitirá a Milei contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo; nada extraño, ya que los últimos cuatro presidentes contaron con esta potestad.

Para lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos. Entre ellos, se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que guarda información de personas desaparecidas, para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados y apropiados durante la dictadura.

También dos organismos vinculados al campo: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Durante el período de facultades delegadas el presidente podrá legislar a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia.

El RIGI

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones es una de las propuestas más polémicas de la Ley Bases. El RIGI prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los US$200 millones, con el fin de fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a largo plazo.

Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura. Los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de proyectos.

El gobierno considera al RIGI una herramienta clave para atraer capitales que puedan dinamizar la economía argentina. Según sostiene, las constantes crisis económicas y defaults -o cesación de pago de deuda- han hecho que los inversores desconfíen de Argentina, por lo que, para atraerlos, se requieren incentivos especiales.

Pero los críticos afirman que les dará una ventaja importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, y que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas argentinas (Pymes), que hoy generan el 70% del empleo.

Privatizaciones

La Ley Bases permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado. Sin embargo, no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó Milei.

Muy lejos de eso, de las cerca de 40 empresas que quedaban “sujetas a privatización” en la propuesta inicial, solo dos, Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible, podrán ser privatizadas.

En tanto, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), los trenes Belgrano Cargas y Logístico S.A, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales quedan sujetas a concesión privada, es decir que estén abiertas a incorporar capital privado, según indica el proyecto.

Tanto la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, seguirán siendo del Estado, al igual que los medios públicos (Radio y Televisión Argentina).

Reforma laboral

La Ley Bases contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, que está estancado hace más de una década. La norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores.

Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo «informal», quitando las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados.

Según el gobierno, esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal, ya que, en la actualidad, muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una Pyme a la quiebra.

Por otra parte, se crea una nueva figura laboral: el trabajador independiente con colaboradores, que permite a un empleador contratar a hasta cinco personas bajo la categoría de «monotributistas», que no tienen relación de dependencia, lo que, según los críticos, hará que aumente la precarización laboral.

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