La salida de Marco Lavagna del organismo encargado de las estadísticas oficiales, en medio de la decisión del Gobierno de postergar la actualización de la metodología para medir la inflación, continúa generando repercusiones políticas y judiciales. En ese marco, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusan de frenar la modificación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar un registro más alto de la inflación.

La presentación fue realizada por el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, junto a las diputadas Paula Penacca y Julia Strada, y está enmarcada en las acusaciones de violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad (artículo 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (artículo 293), violación del artículo 17 de la ley 17.622 y vulneración del secreto estadístico.

Según argumentaron los legisladores, el titular del Palacio de Hacienda ordenó mantener el cálculo del IPC basado en componentes desactualizados, pese a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos había resuelto en octubre de 2025 aplicar una nueva metodología a partir de enero de 2026. En la denuncia se sostiene que la decisión buscó postergar la implementación del nuevo índice hasta que finalizara el proceso de recomposición tarifaria, lo que, según la acusación, tendría un impacto directo en los precios al consumidor.

A través de su cuenta de X, Strada calificó la decisión como una “conducta que demuestra abuso de autoridad” y advirtió sobre sus efectos. “Lo expuesto determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados”, expresó.

La denuncia también retomó declaraciones atribuidas a Caputo durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, en la que se afirmó que el nuevo IPC habría arrojado una inflación de entre 3,1% y 3,5%, resultado que habría precipitado la salida de Lavagna. Posteriormente, el ministro desmintió esa versión en redes sociales, la calificó como “falsa” y sostuvo que el nuevo índice incluso “daba una décima menos que el índice actual”, según conversaciones que dijo haber mantenido con el propio Lavagna y con el director técnico del organismo, Pedro Lines.

La respuesta del Gobierno

En el apartado referido a la presunta falsificación de documento público, los denunciantes señalaron que “dado que Caputo ha determinado la aplicación del cálculo de un índice desactualizado, que él mismo reconoce como tal, la publicación de la variación del IPC de enero de 2026 consumará la falsificación de un dato estadístico y por consiguiente, de los instrumentos y documento en lo que sea consignado”. Asimismo, sostuvieron que “al mismo tiempo, el ministro ha reconocido la falsedad de mediciones anteriores a enero de 2026”.

El conflicto se profundizó tras las declaraciones públicas del titular de Economía, quien días antes de la difusión del índice sostuvo que la inflación de enero sería similar a la de diciembre de 2025, que se ubicó en torno al 2,8%, y afirmó que “Lavagna se fue en condiciones totalmente amigables” tanto con él como con el presidente Javier Milei, rechazando las versiones de tensiones internas dentro del Gobierno.

En ese sentido, Caputo responsabilizó a la oposición y a sectores de la prensa por la controversia. “Esto es un clásico de la oposición y de un sector del periodismo que, por diferentes razones, quieren que al país le vaya mal e instalar temas. Se están diciendo muchas mentiras. No hay nada que ocultar”, afirmó.

El ministro también explicó que el cambio en la metodología debía aplicarse una vez concluido el proceso de desinflación. “Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente, desde el minuto uno, tuvo una bajada de línea que era que se haga cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, para no comparar peras con manzanas”, señaló, al tiempo que negó presiones del Fondo Monetario Internacional para modificar el indicador.

Además, sostuvo que el exdirector del organismo estadístico lo contactó tras su salida y le manifestó que “lamentaba la ola de versiones”, e incluso se ofreció a realizar “alguna declaración pública” para aclarar la situación. Finalmente, Caputo atribuyó la polémica a “un ataque político fenomenal” que, según dijo, provocó una mayor dolarización de los activos, impactó en el crecimiento económico, elevó el riesgo país y generó un nuevo incremento en los niveles de inflación.

La denuncia judicial y el cruce de acusaciones profundizan así la disputa política en torno a la credibilidad de las estadísticas oficiales y al manejo de los indicadores económicos en medio del proceso de desaceleración inflacionaria.