Lejos de representar un aval político a la gestión, la sentencia dictada en diciembre de 2025 deja en claro que la aprobación contable no implica convalidación institucional. Por el contrario, el organismo de control enumeró incumplimientos legales, procedimientos defectuosos y situaciones sin resolver que revelan un funcionamiento precario del sistema administrativo municipal.

En términos simples: las cuentas cierran en el papel, pero la forma en que se administran los recursos públicos dista mucho de cumplir estándares mínimos de transparencia y control.

Conciliaciones bancarias manuales: un retroceso inadmisible

Uno de los puntos más graves señalados por el Tribunal es que, en pleno siglo XXI, el municipio continúa realizando conciliaciones bancarias de manera manual, sin utilizar adecuadamente el sistema RAFAM, pese a que esta observación se repite desde ejercicios anteriores.

Esta práctica vulnera normas básicas de control financiero y deja abierta la puerta a errores graves, desprolijidades e incluso maniobras imposibles de detectar a tiempo. Cuando un municipio no puede certificar con precisión su propio flujo de fondos, la transparencia queda reducida a una expresión vacía.

La irregularidad no es nueva. El Tribunal fue categórico al remarcar que se trata de una deficiencia persistente, desatendida por la gestión de Gargaglione pese a las advertencias previas. La reiteración agrava la falta: ya no se trata de un descuido técnico, sino de una decisión política de no corregir un sistema defectuoso.

Bienes públicos mal registrados y sin revalúo

El fallo también detectó diferencias millonarias entre los registros contables y el inventario de bienes municipales, especialmente en obras en proceso. Aunque se realizaron ajustes parciales durante el trámite del expediente, el municipio no acreditó haber cumplido con el revalúo de los bienes preexistentes, una obligación que viene siendo incumplida desde hace años.

La consecuencia es grave: el Estado local no tiene un registro confiable de su propio patrimonio, lo que debilita cualquier control serio sobre el uso y la conservación de los bienes públicos.

Créditos sin respaldo y fondos que no aparecen

Otro foco de observación fue el rubro “deudores no tributarios”, donde los montos del balance no coincidían con la documentación presentada luego. La falta de respaldo suficiente deja en evidencia fallas en la administración de los ingresos municipales y en la consistencia de la información contable.

A esto se suman expedientes abiertos por fondos aún no recuperados, entre ellos:

– El reclamo por daños a bienes municipales en una rotonda de la ciudad.
– El conflicto judicial con Delta Constructora SA y Aseguradores de Cauciones SA por una obra de viviendas rescindida, con más de 300 millones de pesos reclamados y sin ingresos acreditados.

En ambos casos, el Tribunal sostuvo que las gestiones realizadas no alcanzan para eximir de responsabilidad a los funcionarios y mantuvo las observaciones abiertas.

Responsabilidades políticas directas

El fallo no deja margen para la ambigüedad: el Tribunal imputó responsabilidades al intendente Miguel Ángel Gargaglione por incumplimientos en la administración de bienes públicos, señalando falencias que exceden lo técnico y alcanzan de lleno a la conducción política del municipio.

También quedaron alcanzados el contador municipal Sebastián Chiaradia, responsable de los sistemas de bienes e ingresos, y el tesorero Oscar Iván Ordóñez, por deficiencias en el control de fondos. Otros funcionarios permanecen bajo observación en expedientes aún sin cerrar.

Aunque no se aplicaron multas económicas, sí se dispusieron sanciones administrativas, que constituyen antecedentes formales y confirman el carácter reiterado de las irregularidades.

Transparencia en duda

El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas deja una conclusión política inevitable: la gestión de Gargaglione administra con métodos obsoletos, controles débiles y una preocupante resistencia a corregir prácticas cuestionadas año tras año.

La aprobación formal de las cuentas no alcanza para ocultar el fondo del problema: San Cayetano muestra una administración que cumple con los números, pero falla en los procedimientos, en la trazabilidad del dinero público y en el resguardo del patrimonio municipal.

Más que un trámite contable, el fallo constituye un llamado de atención institucional. Y también una advertencia política: gobernar sin controles reales no es eficiencia, es opacidad. Y cuando la opacidad se vuelve costumbre, la transparencia deja de ser un principio para convertirse en un simple eslogan.