La propuesta fue impulsada por el concejal Eduardo Caballero, quien planteó la necesidad de crear permisos “temporarios” y terminar con las supuestas habilitaciones “precarias” o “por excepción”, especialmente en la zona costera. Sin embargo, la normativa municipal demuestra que ese esquema ya existe, está reglamentado y se aplica todos los años bajo procedimientos administrativos formales.

Según surge del Registro Oficial de Decretos y de la ordenanza vigente, el régimen de habilitaciones temporarias contempla:

– Actividades estacionales debidamente tipificadas.
– Tramitación mediante sistema de alta y baja por temporada (por ejemplo, de noviembre o diciembre a marzo).
– Posibilidad de habilitación definitiva con explotación temporaria.
– Inexistencia de la obligación de “rehabilitar” anualmente: basta con declarar el alta y la baja de actividad.

Es decir, exactamente el mecanismo que ahora se pretende presentar como novedad legislativa ya se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico municipal desde hace más de seis años.

La normativa también prevé la documentación exigida, la intervención de las áreas de Planeamiento, Seguridad Pública y Medio Ambiente, y el cobro de las tasas correspondientes, todo ello dentro de un procedimiento administrativo regular y controlado por personal de carrera del municipio.

Pese a ello, el discurso libertario insiste en instalar la idea de un vacío legal inexistente. Caballero sostuvo que hay que terminar con el criterio de “como siempre se hizo así”, cuando en realidad lo que existe es un sistema aprobado por ordenanza, aplicado por decreto y ejecutado por la estructura administrativa municipal.

El problema de fondo no es técnico, sino político: se intenta construir un relato de desorden donde hay normativa vigente, y presentar como innovación algo que ya forma parte del funcionamiento institucional.

Además, la iniciativa se apoya en el conflicto por la habilitación de boliches en la zona de playa, cuando ese punto responde a otra regulación específica: la ordenanza que prohíbe locales bailables en determinadas áreas costeras, salvo excepciones expresamente votadas por el propio Concejo Deliberante. Confundir habilitación temporaria con zonificación urbana solo contribuye a distorsionar el debate público.

Desde una perspectiva institucional, el episodio vuelve a dejar expuesta una práctica reiterada: promover proyectos sin revisar previamente si la materia ya está regulada. El resultado es un gasto político y administrativo innecesario, además de un mensaje confuso hacia los vecinos y comerciantes.

Más grave aún es que, al cuestionar el sistema de habilitaciones, se pone bajo sospecha no solo al Departamento Ejecutivo sino también a los trabajadores municipales que tramitan los expedientes conforme a normas vigentes, lo que implica una deslegitimación indirecta del funcionamiento del Estado local.

En lugar de explicar por qué desconocen ordenanzas que rigen desde 2018, los concejales libertarios optan por sobreactuar iniciativas que ya están escritas en el Boletín Oficial.

Cuando un concejal pretende crear por ley algo que ya existe por ley, el problema no es la ciudad.
El problema es la falta de estudio previo de la normativa que dice querer reformar.