Laborde afirmó: “No podemos seguir dejando nuestra ciudad en manos de los que están en la municipalidad, porque antes teníamos la representación a través del Concejo Deliberante, pero ahora ya no la tenemos”.

Desde el plano constitucional y del derecho público, estas manifestaciones son interpretadas como un desconocimiento directo del funcionamiento del sistema republicano en el ámbito local, que se sustenta en dos pilares: el Departamento Ejecutivo encabezado por un intendente electo por el pueblo y el Honorable Concejo Deliberante conformado por concejales de distintas fuerzas políticas surgidas del sufragio.

Sostener que la ciudadanía carece hoy de representación institucional resulta jurídicamente insostenible, ya que el cuerpo deliberativo continúa ejerciendo sus funciones con plena vigencia legal. Las normas municipales se aprueban en un ámbito plural, conforme a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que garantiza la representación política de los vecinos a través de sus legisladores locales.

El aspecto más delicado de los dichos no radica únicamente en la crítica a una política pública puntual, sino en el mensaje subyacente que pone en tela de juicio la legitimidad de las decisiones adoptadas por autoridades democráticamente electas. En ese marco, se instala una idea de desconfianza institucional que abre la puerta a formas de “representación” por fuera de los canales previstos por el sistema republicano.

En un Estado de Derecho, los reclamos ambientales —legítimos y necesarios— deben canalizarse mediante los mecanismos que la democracia establece. Resulta inadmisible convertir una causa sectorial en un argumento para desacreditar a las instituciones y a quienes ejercen cargos públicos por mandato popular, promoviendo una lógica en la que las decisiones dejan de surgir del ámbito estatal para pasar a depender de voluntades autoproclamadas.

El planteo formulado por Laborde trasciende la discusión sobre la subasta del Casino y se proyecta sobre el principio mismo de soberanía popular, al desconocer el rol tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante. Este tipo de discursos, difundidos en medios de comunicación, debilitan la confianza social en el sistema institucional y contribuyen a un clima de deslegitimación del Estado como espacio de resolución de los conflictos colectivos.

 

 

 

 

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Por la gravedad del contenido de estas afirmaciones, distintos sectores consideran que el Honorable Concejo Deliberante debería pronunciarse institucionalmente. No se trata de respaldar o rechazar una ordenanza específica, sino de defender el valor de la representación política y el funcionamiento regular de los órganos democráticos.

Desde la presidencia del cuerpo hasta cada uno de los bloques políticos, se espera una posición clara en defensa del sistema republicano, dejando en claro que en Necochea las decisiones públicas se adoptan dentro del marco legal y por autoridades electas, y no mediante la negación de las instituciones.

La crítica política y la vía judicial forman parte del juego democrático. Sin embargo, promover —de manera explícita o implícita— el desconocimiento de las instituciones constituye una falta de extrema gravedad cívica. La protección del ambiente no puede ser utilizada como fundamento para impulsar un esquema en el que las decisiones se tomen al margen del orden constitucional.

La democracia admite debate y disenso.
Lo que no admite es su negación.