El pedido fue formulado ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea, a cargo del juez Carlos Herrera, quien requirió al Ejecutivo municipal un informe sobre el cumplimiento de la ordenanza N° 12.009/25 y los decretos 3569/25 y 18/26, que habilitan la venta del inmueble mediante subasta pública.
Según surge de la presentación, Laborde pretende que el complejo continúe en las condiciones actuales, solicitando una medida cautelar que suspenda el proceso de subasta bajo el argumento de una supuesta revisión de los requisitos legales.
No es la primera vez que la militante intenta bloquear judicialmente un proceso de recuperación del Casino. En oportunidades anteriores, cuando se impulsó una licitación con presentación de proyecto, la Justicia ya había rechazado planteos similares, al no encontrar irregularidades en el procedimiento.

Desde el Ejecutivo municipal interpretan esta nueva acción como parte de una estrategia sistemática para impedir cualquier iniciativa de desarrollo vinculada al predio. En ese sentido, señalan que Laborde actúa como cara visible de un pequeño grupo que se opone de manera permanente a toda propuesta de inversión en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.
En ámbitos oficiales consideran que este tipo de intervenciones buscan perpetuar un paisaje urbano degradado, afectando no solo la imagen de Necochea sino también su potencial económico y turístico. “Se intenta conservar la ruina en nombre de un discurso que, en los hechos, perjudica a los vecinos”, señalaron fuentes municipales.
Cabe recordar que, ante intentos previos de imponer condiciones consideradas inviables —como plazos irreales para la restauración del edificio—, el Departamento Ejecutivo vetó proyectos que ponían en riesgo el éxito del proceso de subasta.
Desde el Municipio confirmaron que se responderá el requerimiento judicial en tiempo y forma, aportando toda la documentación solicitada para demostrar que el procedimiento se ajusta plenamente a la normativa vigente.
Mientras tanto, el futuro del Complejo Casino vuelve a quedar en manos de la Justicia, en medio de una disputa que enfrenta dos miradas opuestas: quienes impulsan su recuperación mediante inversión privada y quienes, a través de recursos judiciales, buscan mantenerlo en el estado de abandono actual.