El episodio incluyó el desprendimiento de material y el derrame de mercadería dentro del área operativa del puerto, sin que se registraran personas heridas. No obstante, desde el sector político señalaron que el hecho expone el deterioro de una instalación estratégica para la actividad exportadora y advirtieron sobre los riesgos asociados a la falta de inversiones estructurales.

En ese sentido, atribuyeron la situación a lo que definieron como un “modelo concesional agotado”, basado en contratos de larga duración que habrían sido prorrogados en reiteradas oportunidades sin un proceso de licitación pública actualizado. Según manifestaron, este esquema habría generado un escenario de mantenimiento insuficiente y de fallas previsibles en la infraestructura.

La Libertad Avanza también cuestionó la forma en que se actuó tras el derrumbe. En el comunicado indicaron que la remoción del material se realizó con rapidez, sin que se haya informado oficialmente sobre la realización de peritajes técnicos independientes ni sobre la aplicación de clausuras preventivas para descartar riesgos ambientales o estructurales adicionales.

Las críticas se extendieron al plano institucional. El espacio político apuntó contra la anterior conducción del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, al señalar que antes de finalizar su mandato —para asumir como diputada nacional— se otorgó una nueva prórroga del permiso precario de uso de las instalaciones. A su entender, esa decisión habría evitado avanzar en un proceso de licitación pública y consolidado un esquema contractual que consideran irregular.

Si bien remarcaron que el hecho no tuvo consecuencias personales, sostuvieron que se trata de una señal de alerta que no debería ser minimizada. En ese marco, anunciaron que promoverán la intervención del Gobierno nacional en el Puerto Quequén con el objetivo de revisar la situación administrativa y contractual, impulsar auditorías técnicas independientes y avanzar hacia una licitación pública con mayores exigencias de inversión y control.

Desde La Libertad Avanza señalaron que el derrumbe “no puede ser leído como un hecho aislado”, sino como el resultado de una política de concesiones que, según su postura, requiere una revisión profunda para garantizar condiciones de seguridad, transparencia y sustentabilidad en una de las principales terminales portuarias del sudeste bonaerense.