Ignacio explicó que el trabajo permite observar, a lo largo del tiempo, cómo aumentan y disminuyen tanto los niveles de encarcelamiento como los delitos, sin que exista una relación directa entre ambos fenómenos. “Es una relación muy compleja que se analiza de manera muy superficial”, sostuvo, y remarcó que la expectativa social de que más encierro genere más seguridad no está respaldada por datos estadísticos.

 Informe con datos inéditos

El informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reúne información recabada, analizada y sistematizada entre 2022 y fines de 2024, y actualmente se encuentra en proceso de actualización. Según Ignacio, la repercusión del trabajo se debe a que “son datos que no estaban públicamente hablados ni sistematizados en un informe único”.

La ley de creación del Comité establece como una de sus funciones centrales relevar la situación de privación de la libertad en todo el país. En ese marco, el informe incluye cárceles federales, provinciales y también comisarías.

“Todas, federales, provinciales y comisarías”, precisó Ignacio, y subrayó que este último punto representa una novedad clave, ya que hasta ahora no existía un registro certero sobre cuántas personas estaban detenidas en dependencias policiales.

 Comisarías: encierros prolongados

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es la cantidad de personas privadas de la libertad en comisarías. “Hay jurisdicciones donde incluso hay más personas privadas de la libertad en comisarías que en cárceles”, afirmó Ignacio.

Recordó que las comisarías “no son lugares de alojamiento, son lugares de tránsito”, pero explicó que la falta de espacios alternativos provoca que muchas personas permanezcan allí durante largos períodos. “Hay personas que están más de un año en comisarías y algunas incluso terminan cumpliendo toda su condena ahí”, señaló.

Ignacio advirtió que las comisarías no están preparadas para alojar personas ni material ni institucionalmente. “La Policía no se formó para custodiar personas ni para trabajar en un tratamiento que permita la reinserción”, sostuvo.

Las personas detenidas permanecen en calabozos, en condiciones materiales muy precarias, sin actividades ni abordaje institucional. A su vez, esta situación impacta en la seguridad pública. “La policía termina cuidando personas detenidas en lugar de estar en la calle previniendo la inseguridad”, explicó.

Entre las causas del aumento del encarcelamiento, Ignacio mencionó el abuso de la prisión preventiva en algunas jurisdicciones. “Hay lugares donde hay casi más procesados que condenados”, indicó, y recordó que muchas personas permanecen privadas de la libertad durante años sin sentencia firme.

También apuntó a las reformas legislativas de carácter regresivo. “Cada vez hay más delitos, más penas y menos posibilidades de salidas”, afirmó, y agregó que existen herramientas legales que no siempre son utilizadas por los operadores judiciales.

 Jóvenes y respuestas del Estado

Consultada sobre la reforma de la ley penal juvenil, Ignacio consideró que puede requerir una actualización, pero advirtió que los proyectos actuales no explicitan cómo se implementarán ni de dónde surgirán los recursos.

“Las estadísticas dicen que es ínfima la cantidad de menores de 14 años que cometen delitos”, señaló, y destacó que algunas provincias trabajan estos casos con medidas alternativas al encierro.

Finalmente, sostuvo que el problema del encierro no puede analizarse de manera aislada y que la falta de políticas sociales integrales sigue siendo una de las principales deudas del Estado.