Durante su exposición, Lhez cuestionó que las sanciones punitivas —como multas o arrestos— sean la única respuesta al problema. En primer lugar, puso en duda la eficacia de las multas económicas para personas en situación de vulnerabilidad. “¿Se le va a cobrar una multa? ¿Cómo la va a pagar?”, se preguntó, remarcando que ese tipo de castigo no tiene un efecto disuasorio real.

Asimismo, explicó que para que una persona quede detenida su conducta debe encuadrar claramente en una figura delictiva, como la extorsión, algo que no siempre resulta sencillo de probar. En ese sentido, señaló que muchas detenciones terminan funcionando como una “puerta giratoria”, ya que la persona es liberada en poco tiempo y vuelve a la misma situación al día siguiente, sin que el conflicto de fondo se resuelva.

En relación al proyecto de crear un registro municipal de cuidacoches, la jueza consideró la iniciativa como “potable”, aunque propuso ampliar su alcance. Sugirió que dicho registro sea una herramienta para vincular a estas personas con políticas públicas del Estado, promoviendo capacitaciones laborales y tratamientos de salud cuando sea necesario. “Lo ideal sería que no haya trapitos, pero mientras tanto debemos ver cómo pueden reinsertarse socialmente”, expresó.

Otro de los puntos debatidos fue el conflicto entre la presencia de trapitos y el sistema de Estacionamiento Medido. Se analizó la posibilidad de que los cuidacoches actúen solo en zonas donde no rige el cobro municipal. Sin embargo, Lhez marcó una paradoja: los trapitos tienden a ubicarse donde hay mayor circulación de vehículos, que es precisamente donde el Municipio implementa el estacionamiento pago. “No van a ir donde no hay autos”, afirmó.

Finalmente, la magistrada recordó un caso reciente que llegó a su juzgado, en el que un cuidacoches fue aprehendido por una supuesta “tentativa de extorsión”. En esa oportunidad, no convalidó la detención debido a las versiones contradictorias entre el denunciante y el imputado. Además, advirtió sobre la gravedad de esa figura penal, que contempla penas severas, y remarcó que la Justicia debe investigar con rigor antes de privar de la libertad a una persona por un hecho que podría no encuadrar legalmente como extorsión.

De esta manera, la jueza Lhez planteó la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, combinando normas claras con políticas de inclusión social, y evitando respuestas exclusivamente punitivas que, según advirtió, no solucionan el conflicto de fondo.