La medida fue oficializada a través del Decreto 877/2025 publicado en el Boletín Oficial, donde se resalta que el objetivo de esta decisión del Gobierno es “promover, proteger y conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales”.

En el documento se recuerda que “a través del Decreto N° 526/25 se redujeron los derechos de exportación de forma permanente de los complejos de la soja, girasol, maíz, cebada, trigo y sorgo, incluyendo tanto granos y semillas como los subproductos derivados”. Dicha norma “tuvo como objetivo potenciar una mejora económica que alcanzara a todos los actores de las cadenas de valor, promoviendo el aumento de las exportaciones y el ingreso de divisas para el país”.

Entre otras cosas, el Gobierno explicó que resolvió avanzar con una baja en las retenciones para apuntalar el crecimiento del sector agroindustrial, uno de los motores clave de la economía nacional. Según los datos oficiales, durante los primeros diez meses de 2025 las exportaciones de los complejos de granos mostraron una suba tanto en valores como en volumen, alcanzando a alrededor de USD 28.875 millones y 86,5 millones de toneladas, lo que implicó un aumento del 5% en dólares y del 10% en toneladas frente al año anterior. Entre los rubros más destacados aparecieron el trigo y el girasol, que lograron incrementos superiores al 50%, mostrando la potencialidad del sector.

Con estos resultados, la administración nacional considera que “es necesario continuar creando condiciones favorables para la producción, el comercio exterior y la apertura de nuevos mercados, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del sector productivo en cada región del país, brindando certezas y mayores oportunidades de negocios a los productores, elaboradores y exportadores de las distintas cadenas de valor involucradas”.

Además, el Gobierno sostiene que el sector agroindustrial constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo, aportando exportaciones por aproximadamente 45.000 millones anuales.

La decisión se enmarca también en una estrategia general de fortalecimiento del sector agroindustrial, apuntando a simplificar trámites, agilizar procesos, bajar impuestos "distorsivos" y mejorar las condiciones para la apertura a nuevos mercados.

Desde el Gobierno consideran que los derechos de exportación son “un impuesto distorsivo que debe eliminarse” y aseguraron que se reducirá hasta desaparecer, siempre y cuando así lo permita el superávit fiscal.

"La presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”, indicaron en el decreto.