La contracción del ingreso y del empleo registrado dejó una huella profunda en estos casi dos años de gestión, donde los indicadores laborales muestran un deterioro persistente. Al impacto inicial de la devaluación y la caída del salario real se suman ahora datos estructurales que confirman que el mercado de trabajo atraviesa uno de los retrocesos más severos desde la salida de la Convertibilidad.

El informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra-CTA) expone que el salario mínimo perdió 35,2% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, fecha en la que asumió Javier Milei. Para recuperar el nivel de compra de fines de 2015, debería ubicarse en al menos 760.000 pesos, muy lejos de los 322.200 pesos fijados para octubre para una jornada de 48 horas semanales. Las repetidas reuniones del Consejo del Salario realizadas bajo la administración libertaria culminaron sin acuerdo entre empresarios y trabajadores, por lo que la Secretaría de Trabajo aplicó incrementos nominales alineados con la postura empresarial, profundizando la pérdida acumulada. “El salario mínimo se ubicó en octubre de 2025 en un nivel real 45,6 por ciento más bajo que en noviembre de 2019 (…) y 58,4 por ciento menor que en noviembre de 2015”, indicó Cifra en su análisis.

La profundidad de la caída salarial

La degradación del ingreso mínimo alteró además su relación histórica con el salario promedio del sector privado registrado. Hoy el piso salarial equivale a menos de una quinta parte de ese promedio, un derrumbe comparable al de la crisis del régimen de Convertibilidad. Según Cifra, el valor real del salario mínimo actual es incluso inferior al vigente durante la mayor parte de los años 90, cuando esta herramienta prácticamente había sido abandonada como referencia para reducir desigualdades. El panorama regional confirma ese retroceso: estimaciones del Celag muestran que Argentina posee el salario mínimo más bajo de América Latina, unos 225 dólares, muy lejos de países como Costa Rica, Uruguay o Chile.

La pérdida de poder adquisitivo se vuelve aún más palpable cuando se la contrasta con el costo de vida. En octubre, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer bajo la línea de pobreza, hoy ubicada cerca de 1,2 millones de pesos.

En paralelo a la caída del ingreso, la dinámica del empleo formal también se resintió con fuerza. La informalidad laboral alcanzó su nivel más alto en 17 años, especialmente en el NOA, NEA y Cuyo, donde más del 50% de los trabajadores no cuenta con registro alguno, de acuerdo con el Instituto Argentina Grande. Las empresas del interior, presionadas por costos y una demanda en retroceso, encuentran en la informalidad un mecanismo de supervivencia que, a la vez, alimenta un círculo vicioso de bajos salarios y mercados internos debilitados. El resultado: un deterioro acelerado de la calidad del trabajo y de la protección social.

Cuando el derrumbe se amplía

El fenómeno se profundiza con los nuevos datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que complementan y amplían el cuadro trazado por Cifra. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país perdió 276.624 puestos de empleo registrado, lo que equivale a una caída del 2,81% y a más de 432 puestos formales menos por día. El sector más afectado en términos absolutos fue Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 86.982 empleos menos, seguido por Construcción (-76.292), Servicios de transporte y almacenamiento (-59.838) e Industria manufacturera (-55.941). En términos porcentuales, la Construcción sufrió el mayor derrumbe, con una caída del 16% de su personal.

El retroceso no se limita al empleo: también se retrae el entramado productivo. El CEPA relevó que, en el mismo período, cerraron 19.164 empresas con personal registrado, lo que equivale a casi 30 PyMEs por día. El sector de Servicios de transporte y almacenamiento encabeza la lista con 4.685 unidades menos, seguido por Comercio (-3.510), Servicios inmobiliarios (-2.952), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.053), Industria manufacturera (-1.974) y Construcción (-1.790). Más del 99,6% de las firmas que dejaron de operar tenían hasta 500 empleados, un golpe directo sobre el tejido productivo de base.

Al deterioro salarial y al cierre masivo de empresas se suma la suba del desempleo. El INDEC informó que la desocupación llegó al 7,6% en el segundo trimestre, afectando a 1,7 millones de personas. Si bien es levemente menor al 7,9% récord del primer trimestre, continúa muy por encima del 6,4% registrado a fines de 2024. Entre las mujeres, la tasa asciende al 8,5%, y entre los varones, al 6,8%.

La combinación de caída del salario real, derrumbe del empleo registrado, aumento de la informalidad y cierre acelerado de empresas configura un escenario que, según diversos centros de estudio, no encuentra precedentes cercanos en magnitud y sincronía. La contracción económica bajo el programa libertario no solo reconfigura el mapa laboral, sino que profundiza desigualdades estructurales que el país arrastra desde hace más de una década.