Según explicó el funcionario, el municipio inició el proceso de determinación de oficio para establecer el monto que las empresas agroexportadoras adeudan por los meses de enero, febrero y marzo, debido a que incumplieron con la obligación de presentar la declaración jurada mensual correspondiente a las cargas movilizadas.

Povilaitis detalló que, una vez fijado el monto, las terminales tendrán 15 días hábiles para abonar o apelar. En caso de que la apelación sea rechazada y persista la negativa al pago, la Municipalidad avanzará en la vía judicial, lo que podría derivar en medidas cautelares contra las empresas.

Reclamos por meses posteriores y respaldo judicial

El funcionario también informó que la misma situación se repite en los períodos de abril, mayo, junio, julio y agosto, por lo que el municipio ya inició los reclamos administrativos pertinentes.

En cuanto al frente judicial, Povilaitis destacó que la Justicia rechazó un pedido de medida cautelar presentado por una de las terminales, lo que constituye un fallo favorable al municipio y confirma su potestad para cobrar la tasa.

Además, señaló que, si bien algunas empresas recurrieron a la Justicia Federal, esta se declaró incompetente, ratificando que la materia corresponde a la justicia provincial. En esa línea, recordó que la Corte Suprema de la Nación ya se expidió en casos similares, estableciendo que las tasas municipales deben resolverse en el ámbito de la justicia provincial.

De esta manera, la Municipalidad refuerza su estrategia legal y administrativa para garantizar el cumplimiento de la tasa portuaria, considerada clave para el financiamiento del mantenimiento vial y la infraestructura de la ciudad.